Laboratorio de Políticas de Inclusión
34 proyectos, evaluados acorde a los más altos estándares científicos, en concreto mediante la metodología de ensayos aleatorizados.
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España defiende en el Consejo de la UE la puesta en marcha de la primera Estrategia Europea Antipobreza
El Embajador Adjunto en la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER), Oriol Escalas, ha defendido hoy, en la reunión de esta institución celebrada en Luxemburgo, la puesta en marcha de la primera Estrategia Antipobreza de la Unión Europea, de la que nuestro país es uno de los principales impulsores.
Este conjunto de iniciativas, propuesto por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, pretende reforzar la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y contribuir a la erradicación de la pobreza en todos los Estados de la Unión de cara a 2050.
La estrategia adopta un enfoque integral, reconociendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional vinculado no solo a los bajos ingresos y al empleo precario, sino también a las dificultades de inserción laboral y a las barreras de acceso a los servicios públicos esenciales.
El enfoque de España
Escalas ha señalado que este plan “es un instrumento clave para recuperar la idea fundacional de la Unión, la Europa de los ciudadanos”. En esa línea, ha destacado que “el desarrollo de las rentas mínimas y de los itinerarios de inclusión para quienes las perciben es de especial importancia”.
No obstante, ha subrayado que “el refuerzo de las políticas de inclusión laboral es una actuación eficaz para combatir la pobreza y la exclusión social, pero no puede ser la única”. Por ello, ha añadido que “debe tenerse siempre en cuenta la complejidad y la multidimensionalidad de las causas de la pobreza”, así como “garantizar el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, los bienes y servicios, la cultura y el ocio”.
También ha valorado la importancia del “impulso a la innovación social” y de “basar las políticas sociales en datos empíricos y en el análisis del retorno social y económico”.
Visión integral de lucha contra la pobreza
En su intervención inicial, la vicepresidenta y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, ha señalado que “en nuestra guerra contra la pobreza tenemos razones de sobra para actuar” y ha afirmado que “se trata de defender nuestros valores y una vida digna, así como la democracia social, porque no podemos hablar de resiliencia si existen personas en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo, ha indicado que “la mejor manera de acabar con la pobreza es el empleo de calidad”. En este sentido, ha recordado que su departamento va a lanzar una fase de consulta con los interlocutores sociales a nivel europeo para fomentar la inclusión de millones de personas que no tienen empleo ni lo buscan.
Un aspecto clave identificado es el problema del acceso a las ayudas disponibles, ya que entre el 20 % y el 50 % de las personas con derecho a prestaciones no las solicitan. Las causas incluyen la complejidad administrativa, la falta de información, las barreras digitales y el estigma social. Para mejorar la eficacia de las políticas sociales, la estrategia propone simplificar los procedimientos, reforzar los servicios de orientación y facilitar el ejercicio de los derechos.
Asimismo, Mînzatu ha explicado que otra de las medidas contempladas es la designación de un coordinador nacional contra la pobreza, preferiblemente en el ámbito del gabinete del primer ministro.
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El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” destaca el papel pionero del Laboratorio de Políticas de Inclusión en la evaluación de políticas públicas
El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” ha publicado el artículo Análisis de las políticas de inclusión social en España mediante evaluaciones aleatorizadas, que sintetiza la experiencia del Laboratorio de Políticas de Inclusión y presenta los resultados de dos de sus proyectos piloto.
Los autores del artículo, Samuel Bentolila (CEMFI), y Ana García-Hernández e Inés Torres-Rojas (J-PAL Europe), identifican al Laboratorio como una iniciativa pionera por su escala y ambición, así como por su modelo de colaboración entre los tres niveles de la Administración pública y diversas organizaciones no gubernamentales. Asimismo, subrayan su apuesta por la evaluación rigurosa de políticas públicas mediante una estrecha alianza con el ámbito académico.
Principales puntos destacados del Laboratorio
El análisis subraya que el Laboratorio de Políticas de Inclusión fue impulsado en 2021 por la Secretaría General de Inclusión para obtener evidencia rigurosa, a partir de evaluaciones aleatorizadas, sobre la eficacia de 32 políticas de inclusión social dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad y complementarias al despliegue del Ingreso Mínimo Vital.
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha movilizado una inversión de 212 millones de euros y ha beneficiado, directa e indirectamente, a más de 175.000 personas en todo el territorio español.
Gracias a su metodología innovadora, basada en el uso de evaluaciones aleatorizadas, se ha obtenido evidencia empírica sobre intervenciones en materia de empleo y emprendimiento, apoyo social y acceso a prestaciones sociales, educación, competencias digitales, y políticas de vivienda y energía. Las evaluaciones han permitido identificar impactos significativos en las personas participantes y contribuir al impulso de una cultura de diseño de políticas públicas basada en la evidencia.
La publicación concluye que el Laboratorio ha permitido obtener información valiosa sobre la eficacia de un amplio abanico de políticas sociales y ha contribuido a avanzar hacia un modelo de diseño de políticas públicas más riguroso, evaluable y orientado a resultados.
El impacto positivo del apoyo personalizado
El artículo detalla, además, los principales resultados de dos proyectos evaluados por el Laboratorio que muestran cómo el apoyo personalizado puede reducir las desigualdades sociales y generar efectos positivos en los colectivos participantes.
Por un lado, analiza el programa desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano, dirigido a reducir la brecha educativa de jóvenes de etnia gitana en situación de vulnerabilidad. La evaluación muestra avances notables en los resultados académicos, tanto en las calificaciones como en las pruebas estandarizadas, así como una mejora de las aspiraciones educativas del alumnado y un incremento de la implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas.
Por otro lado, recoge los resultados del proyecto impulsado junto a Plena inclusión España, orientado a mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de una metodología de empleo personalizado. La intervención contribuyó a mejorar la tasa de empleo, el número de horas trabajadas, la formalización de contratos y la participación en actividades formativas. También se observaron avances en inclusión social, bienestar y participación en actividades de voluntariado.
El artículo completo puede consultarse en la web del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”.
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La Secretaría General de Inclusión participa en un taller de la OCDE sobre inversión pública en políticas sociales
La subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión, María Calle, ha participado en el taller internacional “Promover una inversión pública efectiva para mejorar los resultados sociales”. Este evento ha sido organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco de la Plataforma de Intercambio de Conocimientos sobre Métricas de Bienestar y Prácticas Políticas.
El encuentro, dirigido a responsables públicos de países miembros de la OCDE, ha abordado cómo mejorar la eficacia de la inversión pública para lograr mejores resultados sociales, en un contexto de crecientes presiones presupuestarias.
La jornada se ha centrado en ejemplos de experiencias sobre evaluación de políticas públicas, modelos de financiación orientados a resultados e inversión colaborativa para promover el bienestar y la inclusión. En particular, han participado expertos de países como España, Canadá, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda y la Comisión Europea, junto con equipos de la propia OCDE.
España, referente en innovación en políticas de inclusión
María Calle ha intervenido en la sesión “Innovación en la evaluación y el análisis de políticas para comprender mejor los retornos sociales y económicos de la inversión en bienestar”, donde ha compartido la experiencia de España con el Laboratorio de Políticas de Inclusión.
Durante su intervención, ha señalado que el Laboratorio nació tras la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, con la convicción de que las prestaciones económicas deben ir acompañadas de políticas integrales de inclusión. “Políticas como el apoyo a la inserción laboral y la formación para personas sin empleo, el acompañamiento social, medidas de apoyo a familias y niños en hogares vulnerables, y actuaciones dirigidas a grupos con necesidades específicas”, ha señalado.
María Calle ha señalado que el Laboratorio permitió testar políticas innovadoras de inclusión social mediante una metodología rigurosa, basada principalmente en ensayos controlados aleatorizados. Entre 2021 y 2024, se llevaron a cabo más de 30 proyectos, con una inversión de 200 millones de euros y un alcance aproximado de 90.000 personas de forma directa.
La subdirectora ha destacado que el Laboratorio ha supuesto un cambio de modelo en la forma de generar y difundir evidencia desde la Administración pública. En este proceso, Calle ha puesto en valor el modelo de gobernanza del Laboratorio, destacando que su desarrollo ha requerido una estrecha colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones del tercer sector. También ha destacado el papel clave de J-PAL Europe y CEMFI como socios académicos.En este contexto, Calle ha subrayado algunas de las principales conclusiones del laboratorio, como la eficacia de las intervenciones personalizadas y multidimensionales, la relevancia de incorporar componentes de salud mental y competencias digitales, y el valor de trabajar con organizaciones cercanas al territorio.
Hacia el Laboratorio 2.0
La Secretaría General de Inclusión avanza en la difusión de resultados y en el escalado de las intervenciones más eficaces, con el objetivo de trasladar las lecciones aprendidas a nuevas políticas de inclusión en colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales.
En este sentido, Calle ha señalado que el Gobierno central puede “animar a los gobiernos autonómicos y locales a aplicar las lecciones aprendidas en este laboratorio y tratar de encontrar distintas fuentes de financiación para escalar estos proyectos”.
“Creemos firmemente que las políticas sociales eficaces son la mejor inversión para transformar nuestra economía y nuestra sociedad”, ha concluido.
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España, líder en Europa en la evaluación de políticas de inclusión laboral para población vulnerable
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica el informe “Fomento de la inclusión laboral: Evidencia del Laboratorio de Políticas de Inclusión en España y de otras evaluaciones en Europa”, que analiza la efectividad de 18 programas piloto del Laboratorio de Políticas de Inclusión dirigidos a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.
El estudio ha sido elaborado por J-PAL Europe, un centro de investigación de referencia internacional que colabora con el ministerio desde 2021 y que se integra en la red académica global cofundada por los premios Nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo.
El informe identifica qué estrategias tienen mayor impacto en la activación laboral, el desarrollo de competencias y el bienestar, y establece una hoja de ruta para mejorar la empleabilidad desde una perspectiva social. Además, sitúa a España a la vanguardia en la evaluación rigurosa de políticas de inclusión laboral porque la evidencia a nivel europeo sigue siendo limitada.
Resultados y aprendizajes del informe
Siete entidades sociales, ocho comunidades autónomas y dos ayuntamientos impulsaron los 18 programas de inclusión laboral analizados, en colaboración con la Secretaría General de Inclusión. Las personas participantes estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, muchas de ellas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de rentas mínimas autonómicas (RRMM).
Las intervenciones realizadas se agrupan en cuatro categorías:
Programas integrales: más allá del empleo
Los programas que combinan la ayuda a la búsqueda de empleo con acompañamiento social, apoyo educativo, psicológico o digital han demostrado ser eficaces para mejorar la activación laboral, la situación económica, el acceso a recursos y el bienestar general. En algunas experiencias se detectaron mejoras en la participación en formación, el uso de prestaciones, las condiciones de vida y la salud mental. En los programas con componente educativo mejoraron las expectativas académicas de las familias, así como los resultados escolares.
Reducir la brecha digital: clave para la inclusión
Los programas de formación en competencias digitales dirigidos a personas desempleadas tuvieron efectos claros en la mejora de habilidades tecnológicas, especialmente entre personas perceptoras del IMV. En algunos casos, también se tradujeron en más empleo a tiempo completo y mejora de ingresos. Además, contribuyeron a mejorar la autoestima, la satisfacción vital y la capacidad de realizar trámites con la administración.
Formación profesional
La formación para personas desempleadas de larga duración o con baja cualificación mostró resultados positivos en motivación, organización y búsqueda de empleo, y contribuyó al desarrollo de nuevas habilidades. Los programas que incorporaron apoyo psicosocial también fortalecieron la autonomía personal y la salud mental.
Intervenciones eficaces con colectivos específicos
Los programas adaptados a jóvenes, mujeres o personas con mayores barreras de inclusión, como personas sin hogar o con discapacidad intelectual a través de la fórmula del Empleo Personalizado, mostraron que el enfoque personalizado y continuo es más eficaz que los modelos estándar.
Con personas jóvenes en situación de vulnerabilidad se logró mejorar la confianza, las habilidades sociales y la vinculación a servicios de empleo. En el caso de mujeres en situación de pobreza o violencia de género, aumentó la participación, el bienestar y el empoderamiento personal. Las intervenciones intensivas y multidisciplinares con personas en exclusión severa resultaron especialmente útiles para aumentar la búsqueda activa de empleo y el bienestar subjetivo.
Recomendaciones del informe
El informe de J-PAL destaca que estos hallazgos ofrecen lecciones valiosas y subraya que el Laboratorio constituye una “aportación significativa al conjunto de evidencia existente sobre la inclusión laboral de personas beneficiarias de prestaciones sociales”.
“Mientras que en Europa la evidencia rigurosa sobre la efectividad de intervenciones dirigidas a poblaciones vulnerables es aún limitada, el Laboratorio ha llevado a cabo 18 evaluaciones aleatorizadas de este tipo”, añade.
Recomienda, entre otros puntos, invertir tiempo suficiente en el diseño de las evaluaciones para incorporar la evidencia existente y metodologías sólidas; fomentar la colaboración entre administraciones públicas e investigadores; planificar la medición de resultados a medio y largo plazo; y diseñar políticas que conecten mejor la oferta y la demanda laboral.
Según la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, “este informe y las evidencias del Laboratorio deben guiar el diseño de las futuras estrategias de empleo e inclusión. Porque es imprescindible acompañar las prestaciones económicas -como el Ingreso Mínimo Vital- con apoyos educativos, sociales y de empleabilidad”.
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Inclusión participará en el futuro Centro Nacional de Competencias en Innovación Social
España dispondrá de un Centro Nacional de Competencias en Innovación Social (CECIS). Será la primera infraestructura española dedicada a convertir la innovación social en conocimiento transferible a las políticas públicas.
El 5 de mayo se ha firmado el Protocolo General de Actuación para la constitución de este consorcio en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha suscrito el texto junto a representantes de otros tres ministerios y dos grandes organismos de ciencia y tecnología: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio de Trabajo y Economía Social; IMSERSO; CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Como destaca Derechos Sociales, que lidera la iniciativa, “es una alianza interinstitucional que refleja que la innovación social no es competencia de un solo departamento: es una condición estructural para el cambio”.
La Secretaría General de Inclusión cuenta con una dilatada experiencia en este ámbito que se materializa en el Laboratorio de Políticas de Inclusión. “Este consorcio será clave para impulsar, compartir y articular la innovación social orientada a retos sociales complejos, promoviendo el aprendizaje colectivo y la experimentación, así como la evaluación del impacto social”, subraya Elena Rodríguez.
Encuentro internacional de los Centros de Competencias
La firma ha tenido lugar en el evento internacional “Social Innovation Portfolios in Practice: Building Advocacy for Systemic Change”, organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Comisión Europea en Madrid (4 y 5 de mayo de 2026). El acto ha reunido a los Centros Nacionales de Competencia en Innovación Social de los países europeos junto a actores institucionales españoles, como Gonzalo Valencia, subdirector de Políticas de Inclusión.
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El Ingreso Mínimo Vital llega en marzo a más de 829.000 hogares en los que conviven más de un millón de menores
La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 829.399 hogares en los que viven 2.532.284 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Del total, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto, 1.034.319.
La cuantía media de la prestación es de 543,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 495,6 millones de euros.
En marzo de este año 2026, había 125.920 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 18%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 18,1% (387.278) desde marzo de 2025.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En marzo, el 68% de los titulares (563.741) y el 53,4% de los beneficiarios (1.352.883) son mujeres.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408).
Protección reforzada a la infancia
El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.034.319 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.
En el tercer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (570.548 hogares, el 69% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 139.499 son hogares monoparentales.
“El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”, afirma la ministra Elma Saiz.
El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En marzo, 573.831 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 66,4 euros por menor y de 120,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
“El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades”, asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
“El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión”, señala Saiz.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
Ficheros adjuntos
Nota de prensa (pdf - 187 KB)
Estadística completa IMV CCAA y provincias (xlsx - 491 KB)
Altas acumuladas (xlsx - 25 KB)
Solicitudes (xlsx - 66 KB)
Nómina (xlsx - 30 KB) -
El Ministerio de Inclusión abre a consulta pública el proyecto de bases reguladoras para fomentar la innovación en política social
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto a consulta pública el proyecto de orden de bases reguladoras para financiar proyectos piloto de inclusión dirigidos a colectivos vulnerables a través de soluciones innovadoras.
Las organizaciones, asociaciones y personas interesadas pueden enviar sus opiniones, hasta el próximo 6 de abril de 2026, a través del correo electrónico fse.inclusion@inclusion.gob.es.
El objetivo de esta convocatoria es continuar impulsando, a partir de las evidencias obtenidas en el Laboratorio de Políticas de Inclusión (2022-2024), la investigación social, la innovación y la generación de conocimiento en materia de inclusión social en España, así como promover la participación en la sociedad de los colectivos más desfavorecidos o vulnerables.
La SGI, organismo intermedio del FSE+
La Secretaría General de Inclusión (SGI) ha sido designada organismo intermedio en el Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), lo que permitirá vincular sus actuaciones al fomento de acciones sociales innovadoras en el marco estratégico plurianual de este fondo estructural.
El FSE+ es el principal instrumento de la Unión Europea destinado a invertir en las personas y respaldar la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales.Con esta iniciativa, la SGI promoverá la detección de nuevas evidencias y buenas prácticas mediante la financiación de proyectos piloto en el ámbito de la inclusión social, así como su evaluación de impacto, para:
- Mejorar la coordinación y la eficiencia de los servicios sociales.
- Promover el empleo y la empleabilidad.
- Ampliar el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y la energía.
- Impulsar la alfabetización digital.
Además, busca trabajar con las entidades del Tercer Sector porque juegan, en estrecha cooperación con las administraciones públicas, un papel fundamental en la prestación de servicios sociales personalizados a las personas y hogares más vulnerables.
Consulta pública:
https://expinterweb.inclusion.gob.es/participacion/participa?tramite=2
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El Ingreso Mínimo Vital tiene perfil femenino: dos tercios de las personas titulares y más de la mitad de las beneficiarias son mujeres
La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 545,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En febrero, el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4% de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.
En febrero de este año 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 18%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 18,1% (379.731) desde enero de 2025.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781).
Contexto: mujer y pobreza
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística confirma una reducción de la tasa de pobreza entre las mujeres en edad de trabajar respecto a 2024.
La evolución de los indicadores consolida una tendencia de mejora general. En este contexto, el IMV -con dos tercios de beneficiarias y más de la mitad de las titulares mujeres- refuerza su papel como instrumento clave para combatir la vulnerabilidad económica femenina, especialmente en las familias monoparentales, que perciben un complemento del 22%.
“La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres. El Ingreso Mínimo Vital, donde dos de cada tres beneficiarias son mujeres, es una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad. Desde su puesta en marcha, el IMV ha protegido a 1,9 millones de mujeres”, afirma la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Protección reforzada a la infancia
El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,9% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.013.102 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.
En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (559.083 hogares, el 69% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 136.680 son hogares monoparentales.
El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 560.800 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 66,1 euros por menor y de 119,9 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
Ficheros adjuntos
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El Ingreso Mínimo Vital llega en enero a casi 800.000 hogares en los que viven más de un millón de niños, niñas y adolescentes
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en enero a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 1.001.789. La cuantía media de la prestación ha sido de 546,8 euros al mes por hogar. Y en conjunto, la nómina actual ha ascendido a más de 457,7 millones de euros.
Desde enero de 2026, la cuantía de las prestaciones en alta se ha revalorizado un 11,4%, como recoge el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.
En enero de este año 2026, había 126.463 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,8%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,1% (391.133) desde enero de 2025.
“El incremento cercano al 19% en el número de hogares protegidos en el último año refleja que el IMV está llegando cada vez a más familias y reforzando la red de seguridad frente a la vulnerabilidad”, afirma la ministra Elma Saiz, que destaca la flexibilidad de la prestación “una política viva que evoluciona para dar una respuesta eficaz a las distintas situaciones de vulnerabilidad”.
Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde alrededor del 68% de los titulares (542.509) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto,1.304.395.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.001.789 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.
En el primer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (552.281 hogares, el 69,1% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 135.204 son hogares monoparentales.
“El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida confirman esta tendencia, con una mejora de los indicadores de pobreza, especialmente infantil, y desigualdad gracias al refuerzo de la protección social”, explica la ministra.
El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En enero, 552.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 119,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
Ficheros adjuntos
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Inclusión participa en un evento del CSIC que apuesta por la innovación social para hacer frente a desafíos complejos
La Secretaria General de Inclusión (SGI), Elena Rodríguez, y el subdirector de Políticas de Inclusión, Gonzalo Valencia, han participado en la jornada “Ciencia e innovación social ante retos complejos: hacia ecosistemas de innovación social conectados y basados en conocimiento”, celebrada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El evento ha reunido a responsables públicos, comunidad científica y otros agentes clave para reflexionar sobre el papel de la innovación social frente a desafíos complejos como el envejecimiento, la crisis de los cuidados, la despoblación, las migraciones y las desigualdades territoriales.
Han participado, además de la SGI, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea; la directora del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera; el director general del CDTI, José Moisés Martín; y el director de Agirre Center (ALC), Gorka Espiau.
Durante la inauguración, la presidenta del CSIC ha destacado la necesidad de institucionalizar los procesos de innovación social, de modo que cuenten con reglas claras de funcionamiento, financiación estable y el respaldo de las administraciones públicas. “Es importante generar ecosistemas de innovación social con comunidades de profesionales que trabajen en este ámbito y compartan recursos, aprendizajes y experiencias”, ha afirmado.
Impulso al Centro de Competencias de Innovación Social (CECIS)
En el evento se ha abordado además el futuro Centro de Competencias de Innovación Social (CECIS) como una herramienta clave para fomentar iniciativas como el desarrollo de tecnologías aplicadas a los cuidados y a la vida independiente.
La creación de este centro, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que plantea la necesidad de que los Estados cuenten con centros nacionales para reforzar las capacidades públicas y articular ecosistemas de innovación sólidos.
En concreto, el CECIS forma parte de la iniciativa europea BIRDS (Boosting Initiatives and Resources to Develop Social Innovation), un proyecto orientado a fortalecer los ecosistemas de innovación social desde una perspectiva tecnológica y con un enfoque centrado en la transformación de las políticas públicas.
Elena Rodríguez ha detallado en la sesión cómo puede contribuir el Ministerio de Inclusión al impulso de este centro. “El objetivo -ha explicado- es fortalecer la colaboración pública y construir sociedades innovadoras que den respuesta a retos sociales y complejos”. También ha destacado el papel del Laboratorio de Políticas de Inclusión como una iniciativa pionera en el uso de metodologías experimentales aplicadas a las políticas de inclusión social y laboral.
Asimismo, ha puesto en valor el trabajo desarrollado junto al CSIC y otros actores en proyectos vinculados al territorio, como las actuaciones impulsadas en el entorno de Doñana, donde se están aplicando metodologías innovadoras para reforzar la intervención de los servicios sociales y adaptar las políticas de inclusión a las necesidades específicas de cada municipio. “La innovación social debe entenderse como una capacidad estructural de las políticas públicas y no como una suma de iniciativas aisladas”, ha concluido.
Finalmente, Gonzalo Valencia ha explicado la experiencia acumulada en Inclusión desde 2020 y cómo puede activarse la innovación social en el territorio, junto a representantes del Ministerio de Ciencia y las entidades Provivienda y Acción contra el Hambre.
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El Ingreso Mínimo Vital llega a 800.000 hogares en diciembre en los que viven cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en diciembre a 799.553 hogares en los que viven 2.441.647 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, casi un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 993.843. La cuantía media de la prestación ha sido de 483,1 euros al mes por hogar. Y en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 412 millones de euros.
En este año 2026, la cuantía de las prestaciones en alta va a verse revalorizada un 11,4%, como se ha previsto en el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.
“En 2026, la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC. La lucha contra la pobreza severa es nuestra prioridad, en particular la infantil, y en esa lucha, el Ingreso Mínimo Vital juega un papel muy importante, por lo que debe tener una cuantía digna que permita transitar a una situación mejor”, asegura la ministra Elma Saiz.
Al finalizar 2025, había 125.824 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,7%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,2% (393.892) desde diciembre de 2024.
Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 68% de los titulares (543.397) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto,1.305.250.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,7% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 993.843 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.
En diciembre, en más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (547.234 hogares, el 68,4% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 134.672 son hogares monoparentales.
El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En diciembre, 563.272 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,5 euros por menor y de 126,4 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
“Conscientes de las dificultades concretas de los más jóvenes, hemos incorporado mejoras en el IMV que les faciliten el acceso a la prestación cuando están en situación de vulnerabilidad”, explica Elma Saiz. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
Ficheros adjuntos
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La Secretaría General de Inclusión participa en el primer Día contra la Pobreza del Parlamento Europeo
La subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión del ministerio, María Calle, ha participado en el primer Anti-Poverty Day 2025, organizado por EAPN- European Anti Poverty Network junto al intergrupo de lucha contra la pobreza del Parlamento Europeo.
Un evento clave que ha puesto en el centro de la acción política de la UE la experiencia vivida de las personas en situación de pobreza.
Responsables políticos, eurodiputados/as y organizaciones sociales han debatido cómo Europa puede avanzar hacia la erradicación de la pobreza, con la mirada puesta en la primera Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, prevista para 2026.
España participa en la I Estrategia contra la pobreza UE
España está participando de forma activa en dicha estrategia, como ha subrayado María Calle en el taller temático “Fortalecimiento de los planes de acción nacionales y locales”, impulsado por el Gobierno de España en colaboración con EAPN España.
La subdirectora ha compartido la experiencia pionera del Laboratorio de Políticas de Inclusión, “un proyecto innovador en el que hemos trabajado tres años, con fondos del PRTR, para conocer qué estrategias de inclusión son más eficaces en el trabajo contra la pobreza”. “Nos ha aportado buenas prácticas y lecciones que pueden ser valiosas para la estrategia europea”, destaca.
Desde la Secretaría General de Inclusión (SGI) se está trabajando con entidades del Tercer Sector para difundir las evidencias del Laboratorio como estrategia efectiva de erradicación de la pobreza en Europa.
La primera fase del laboratorio ha concluido con 32 proyectos y la SGI analiza ahora “cómo escalar las rutas de inclusión más efectivas y cómo aprender de las prácticas que no prosperaron”.
“Estamos explorando las experiencias positivas del triaje social y la colaboración con los operadores sociales para diseñar itinerarios personalizados en los 14 municipios del ámbito de Doñana”, ha adelantado Calle.
Cómo reducir el NTU
El Laboratorio ha sido destacado como una buena experiencia europea por diferentes ponentes durante la jornada y se ha presentado uno de sus proyectos. Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos de EAPN-ES, ha expuesto la metodología y resultados del itinerario “Proyecto Acceso Vital para la detección y movilización de personas en situación de non take-up”.
“Hemos aprendido mucho sobre la situación de las personas en pobreza extrema, muy severa, en términos territoriales. El objetivo era comprender cómo llegar mejor a la población elegible para el Ingreso Mínimo Vital en toda España”.
Resultados del Proyecto Acceso Vital para la Detección y Movilización de personas en Situación de Non Take-Up
España, ejemplo de buenas prácticas
Ojeaku Nwabuzo presentó el Informe Poverty Watch 2024, un estudio que recoge las conclusiones de 18 informes de planes de acción nacionales y en el que destacó, como ejemplo de buenas prácticas, el caso de España:
- Ha llegado a un buen punto porque ha definido de forma clara y eficaz, en un plan multidimensional, qué es la pobreza y cómo abordarla.
- Está analizando las causas básicas de la pobreza para aprender cómo atajarla.
- Está trabajando muy bien y adoptando un enfoque interseccional.
También destacó la implicación del Gobierno de España el presidente de EAPN Europa y EAPS-España, Carlos Susías, en su intervención en el panel inaugural: “El Ministerio de Inclusión se ha volcado para que las acciones contra la pobreza funcionen de manera eficaz. También somos un país que ya contamos con una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”.
A su juicio, la primera Estrategia Europea “es una obligación comunitaria y política”, recordando la necesidad de desarrollarla de la mano de las personas en pobreza, contando con su conocimiento, y “coordinada con el empleo de calidad y el de acceso a la vivienda”.
La Comisión europea persigue con ella reflexionar sobre la naturaleza multidimensional de la pobreza y sus causas profundas y abordarla desde una perspectiva del ciclo de vida, basándose en el enfoque de la inversión social. También desempeñará un papel fundamental en la aplicación del Pilar europeo de derechos sociales, ya que la UE se esfuerza por reducir el número de personas en riesgo de pobreza en, al menos, 15 millones para 2030.
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El Ingreso Mínimo Vital llega a cerca de 2,4 millones de personas en octubre
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 773.272 hogares en los que viven 2.363.554 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 19,25% y el número de beneficiarios ha crecido un 20,1%. “El IMV es una herramienta útil en la lucha contra la pobreza y estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan, por eso que crezca el número de prestaciones significa que estamos ampliando nuestra cobertura, estamos llegando donde antes era más difícil llegar”, ha explicado la ministra de Inclusión. En concreto, este mes, hay 124.803 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 395.402 beneficiarios.
La cuantía media de la prestación es de 487,2 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 532,6 millones de euros.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (524.905) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.263.504.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.
En octubre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (531.648 hogares, el 68,75% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 131.998 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados de los hijos e hijas.
A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En octubre, 544.159 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,8 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes.
“El IMV es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza infantil y mejorar la situación de los menores en hogares con vulnerabilidad económica y seguimos trabajando para que su efecto sea aún más amplio”, asegura la ministra de Inclusión.
Los jóvenes y el Ingreso Mínimo Vital
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,31 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,97 años.
“Gracias al proceso de evaluación continua de esta prestación, hemos incorporado mejoras para los jóvenes que les faciliten el acceso a la prestación cuando están en situación de vulnerabilidad”, explica Elma Saiz.
En este sentido, se han incorporado mejoras dirigidas a facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos/as a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Por otro lado, añade Saiz, “la prestación se ha convertido en una red de protección básica para jóvenes de 18 años que salen del sistema de protección, menores ex tutelados y otros jóvenes que con 18 años se quedan en situación de orfandad absoluta”. Este colectivo puede acceder automáticamente al IMV al cumplir la mayoría de edad sin necesidad de acreditar ningún año de vida independiente.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.
Ficheros adjuntos
- Nota de prensa (pdf - 337 KB)
- Dossier completo CCAA (Excel) (xlsx - 489 KB)
- Altas acumuladas (Excel) (xlsx - 25 KB)
- Nómina (xlsx - 30 KB)
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El Ingreso Mínimo Vital llega a cerca de 2,4 millones de personas en septiembre
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.369.979 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 514,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.
Este mes, hay 115.284 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,4%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2025 se contabilizan 376.420 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+18,9%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (527.042) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.267.130.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, lo que supone 970.518 menores protegidos.
En septiembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (532.365 hogares, el 68,7% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 132.256 eran hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados.
A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En septiembre, 543.782 hogares recibieron conjuntamente el IMV y el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,5 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI también puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
“El Ingreso Mínimo Vital garantiza un apoyo mayor a los hogares con niños y niñas, mientras que el Complemento de Ayuda para la Infancia amplía esta red para llegar también a familias con ingresos más moderados”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado ya a 1.099.053 hogares y a 3.262.854 personas, de las que 1,4 millones son menores, el 43,2% del total.
Acceso al Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitarlo, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.
Ficheros adjuntos
- Nota de prensa (pdf - 198 KB)
- Nómina septiembre (xlsx - 30 KB)
- Altas acumuladas (xlsx - 25 KB)
- CCAA y provincias (xlsx - 488 KB)
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El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 2,3 millones de personas en agosto
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 516,78 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426 millones de euros.
Este mes, hay 115.462 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,8%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en agosto de 2025 se contabilizan 377.853 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,3%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (518.548) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.248.614.
Infancia e IMV
El 41,1% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, 959.891, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil.
En agosto, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,7%. En total, hay 525.810 hogares con menores, de los que 130.945 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.
“El IMV es ya una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza que pone el acento en la infancia y que resulta fundamental cuando se pasa por una situación de necesidad”, ha valorado la ministra Elma Saiz. “Resulta especialmente valiosa para los niños, niñas y adolescentes, porque les da estabilidad y confianza en el futuro”.
Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 535.235 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en agosto ha sido de 67,85 euros por cada menor y de 125,12 euros por hogar con menores.
Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.084.489 hogares y beneficiado a 3.221.358 personas, de los cuáles 1,4 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total.
Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.630,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.
Doble revisión de los ingresos
“Desde el primer minuto de la legislatura nos comprometimos a revisar esta situación y a mejorar el Ingreso Mínimo Vital en todo lo posible”, explica Elma Saiz. “En este esfuerzo se enmarca el sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. De esta forma, adelantamos todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación”, explica. Con este nuevo sistema, las familias beneficiarias saben desde mayo si, acorde con los ingresos del año anterior, su IMV sube, baja o se suprime.
Hasta este momento la revisión se hacía en octubre, cuando se contaba con los datos consolidados de la Agencia Tributaria. El Ministerio de Inclusión y Hacienda han trabajado para realizar un cruce de datos previo, en el mes de abril y con efectos desde el mes de mayo, para que los beneficiarios de la prestación conozcan el estado de la misma cuanto antes y cobren un IMV actualizado según sus ingresos.
En caso de que la cuantía de su prestación sea menor a la que venían percibiendo, se establece un sistema de compensación en las nóminas siguientes en función de las necesidades de la familia. En el caso de que los beneficiarios salgan de la prestación porque han alcanzado ingresos autónomos suficientes, esta nueva actualización reduce el importe de las devoluciones.
Ficheros adjuntos
- Nota de prensa (pdf - 332 KB)
- Dosier comunidades autónomas (xlsx - 488 KB)
- Nómina (xlsx - 31 KB)
- Altas acumuladas (xlsx - 25 KB)
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El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a casi 2.300.000 personas en julio
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 752.469 hogares en los que viven 2.299.000 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 519,16 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.
Este mes, hay 112.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 370.570 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (509.970) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.229.040.
Infancia e IMV
El 41,2% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, 947.903, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil.
En julio, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 69%. En total, hay 519.011 hogares con menores, de los que 129.655 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.
“Más de 129.000 hogares monoparentales están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital. En la mayoría, hay una mujer al frente y menores a su cargo. La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan”, ha valorado la ministra Elma Saiz.
Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 527.071 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores. El IMV, una prestación estructural
Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.068.719 hogares y beneficiado a 3.176.036 personas, de los cuáles 1,37 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total.
“En estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada dato hay una vida, un hogar que se apoya en esta ayuda para mirar al futuro con un poco más de certeza”, asegura Saiz.
Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.
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Elma Saiz reivindica en Granada el arte y la memoria gitana como pilares para una sociedad más inclusiva y justa
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acudido este jueves a Granada para clausurar el acto conmemorativo “El arte como altavoz de la cultura gitana”, organizado por el Ministerio con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. Un encuentro que ha reunido a artistas, académicos y representantes institucionales en un ejercicio colectivo de memoria, reconocimiento y compromiso hacia una sociedad más igualitaria.
La inauguración del acto ha estado a cargo del reconocido cantaor flamenco, actor y escritor Juan Pinilla, quien ha puesto voz y emoción a la apertura con una intervención que ha conjugado arte y denuncia social, destacando la riqueza cultural del pueblo gitano y su firme resistencia histórica frente a la marginación.
Posteriormente, se ha celebrado una mesa redonda moderada por la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, donde se ha abordado el papel del arte como herramienta de transformación social, visibilización y ruptura de estereotipos. Han participado la escritora y activista por los derechos del pueblo gitano Noelia Cortés, la actriz, artista y escritora Coco Reyes y el medievalista, organista y musicólogo Reinaldo Fernández. Todos ellos han coincidido en que el arte ha sido —y sigue siendo— un altavoz fundamental para la comunidad gitana, que durante siglos ha encontrado en la cultura una forma de expresión, resistencia e identidad.
La ministra Elma Saiz ha sido la encargada de clausurar el acto con un discurso centrado en el reconocimiento institucional de la historia y el legado gitano en España. “Este aniversario no es solo un acto de memoria histórica, sino un compromiso para actuar con mayor determinación en la construcción de una sociedad más inclusiva, igualitaria y democrática”, ha afirmado. Asimismo, ha recalcado que “la celebración de estos 600 años debe ser una invitación a reflexionar sobre la necesidad de romper estereotipos, abordar las desigualdades con políticas públicas y fomentar la validación de identidades diversas”.
La jornada ha concluido con una actuación musical a cargo del cantaor granadino Kiki Morente, que ha puesto el broche artístico a una cita cargada de simbolismo y emoción.
Entre los asistentes se han encontrado representantes del Ministerio de Inclusión, miembros de entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Universidad de Granada, artistas de la ciudad, así como la directiva de la Peña La Platería.
Itinerarios de inclusión
Durante el acto, también se ha puesto en valor el trabajo que el Ministerio viene realizando con la comunidad gitana. Desde la Secretaría General de Inclusión se han impulsado tres itinerarios piloto en el Laboratorio de Políticas de Inclusión, en los que ha participado activamente población gitana.
El primero de ellos, con la Fundación Secretariado Gitano. Se trata de un proyecto de acompañamiento educativo y social para familias en situación de exclusión, con un 100% de participantes gitanos (399 familias y 538 menores en seis provincias).
El segundo es el Proyecto Pilotem en la Comunitat Valenciana: centrado en servicios sociales y digitalización.
Y en tercer lugar, el programa en Aragón que contempla itinerarios personalizados y competencias digitales.
Resultados significativos
Estos programas han arrojado resultados significativos: los menores mejoraron en un 18% su éxito educativo, obtuvieron puntuaciones 1,5 puntos más altas en competencias como lengua y matemáticas y vieron aumentadas sus expectativas académicas en un 16%. Además, las familias implicadas incrementaron su participación comunitaria en un 21% y su acceso a recursos públicos en un 17%.
“El compromiso del Gobierno de España es claro: seguiremos aumentando los esfuerzos para erradicar la discriminación y promover la igualdad efectiva del pueblo gitano en todos los ámbitos de la sociedad”, ha recalcado Saiz.
El acto ha servido también para subrayar la dimensión internacional del pueblo gitano. Tal como recoge la Fundación Secretariado Gitano en su informe ‘Un pueblo sin fronteras’, se estima que entre 10 y 12 millones de personas gitanas viven en Europa, especialmente en países como Rumanía, España, Hungría o Francia.
En nuestro país, los estudios sociológicos cifran en más de un millón el número de personas gitanas residentes, según datos de la Fundación Secretariado Gitano. Un cálculo aproximado porque la etnia de las personas no se recoge en los censos de población. Es, además, una población marcadamente joven, ya que dos tercios tienen menos de 30 años.
“El reconocimiento cultural es esencial para avanzar en cohesión social. Validar las identidades, prácticas y expresiones culturales del pueblo gitano no es solo un acto de justicia histórica, sino también una vía para construir una democracia más robusta y plural”, ha concluido la ministra.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reafirma así su compromiso con una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su origen, tengan la oportunidad de prosperar sin barreras ni discriminación.
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El Nobel Abhijit Banerjee destaca el Laboratorio de Inclusión como “un ejemplo único en el mundo” en la evaluación de políticas públicas
El Premio Nobel de Ciencias Económicas 2019 y profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Abhijit Banerjee, ha puesto en valor esta semana el Laboratorio de Políticas de Inclusión del Gobierno de España, al que ha calificado como “un ejemplo único en el mundo” en materia de evaluación de políticas públicas. Asimismo, ha celebrado la colaboración entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) —institución de la que es cofundador— como muestra del liderazgo de España en el impulso de proyectos innovadores para mejorar la efectividad de las políticas sociales.
Lo ha hecho esta semana durante su participación en un encuentro organizado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, centrado en los métodos científicos aplicados al diseño y evaluación de políticas públicas. En su intervención, ha defendido la necesidad de basar las políticas públicas en evidencia empírica como vía fundamental para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en Europa.
Banerjee ha subrayado el potencial transformador de las políticas guiadas por datos rigurosos y ha defendido la necesidad de escalar la experiencia del Laboratorio. Los experimentos aleatorizados controlados (RCTs, por sus siglas en inglés) se han consolidado, según el profesor, como una herramienta clave en la evaluación de políticas, permitiendo medir de forma precisa el impacto real de las intervenciones públicas. Estos métodos, señala, son fundamentales para asegurar una asignación eficiente de recursos y una toma de decisiones basada en resultados.
También ha destacado diversas líneas prioritarias en el ámbito de la inclusión social: la necesidad de entender mejor el impacto de las transferencias monetarias; el diseño de estrategias eficaces para mejorar la adopción de las prestaciones sociales; el papel clave de la educación infantil temprana para romper los ciclos de pobreza intergeneracional; la eficacia de los programas de apoyo al empleo, y la importancia de promover aspiraciones universitarias entre jóvenes de entornos desfavorecidos.
Durante el acto, también intervino María Calle, subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien presentó el trabajo del Laboratorio de Políticas de Inclusión, y explicó cómo esta iniciativa pionera aplica evaluaciones experimentales en políticas públicas orientadas a la inclusión social.
El acto fue clausurado por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que destacó el papel de la ciencia como motor para mejorar las políticas públicas. “España está en la vanguardia internacional en la aplicación de la evidencia científica a la acción pública. Apostamos por una ciencia útil que sirva para avanzar en justicia social y mejorar la vida de las personas”, afirmó.
Acceso a la grabación del encuentro aquí.
* Fotografias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
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El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 2.250.000 personas en junio
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en junio a 736.867 hogares en los que viven 2.253.401 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 522,2 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 429,8 millones de euros.
En junio, hay 111.485 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,8%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en junio de 2025 se contabilizan 370.277 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,7%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino. En junio, el 67,7% de los titulares (499.221) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.204.636.
Infancia e IMV
El 41,3% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, 931.617, dando respuesta a uno de los objetivos principales del Ingreso Mínimo Vital, que es combatir la pobreza infantil. “Combatir la pobreza y, especialmente, la pobreza infantil es invertir en el país que queremos ser. El IMV es una herramienta que está funcionando para, precisamente, ayudar a estos menores a tener las oportunidades que merecen”, ha dicho Elma Saiz.
En junio, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 69,2%. En total, hay 509.806 hogares con menores, de los que 127.630 son monoparentales, es decir, con un solo adulto (normalmente mujer) a cargo de menores.
Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia, que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 516.313 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en junio ha sido de 67,4 euros por cada menor y de 124,1 euros por hogar con menores.
El IMV, una prestación estructural
Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a cerca de 1.049.403 hogares y beneficiado a más de 3.120.623 personas, de los cuáles 1,35 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total.
“El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha constituido como una prestación estructural del sistema de protección social en España”, asegura Elma Saiz. “Es una política pública sólida, viva y necesaria que sigue evolucionando para hacer frente a una lacra tan dura como la pobreza”.
Desde la entrada en vigor de esta política, la Seguridad Social ha destinado 15.778 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.
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La Seguridad Social abona más de 10,3 millones de pensiones en la nómina de junio, un mes con paga extraordinaria
La Seguridad Social ha abonado en junio un total de 10.342.975 pensiones a más de 9,3 millones de personas, con una nómina que asciende a 13.563,84 millones de euros en junio, mes en el que también se abona la paga extraordinaria al conjunto de pensionistas de la Seguridad Social, que se sitúa en 13.213,09 millones de euros.
Un total de 10.320.512 pensiones reciben el doble abono este mes, salvo aquellas que perciben las pagas extraordinarias prorrateadas en las 12 nóminas mensuales o las que no se generaron antes del 1 de enero, que reciben únicamente la parte proporcional.
Pensiones medias
La pensión media del sistema alcanza los 1.311,4 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. Este dato incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La media de la paga extraordinaria asciende a 1.280,3 euros.
En cuanto a la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.505,9 euros mensuales y su paga extra alcanza una media de 1.484,3 euros.
Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.665,5 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.009,1 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.905,2 euros, y de 1.666,9 euros en el Régimen del Mar.
Por su parte, la pensión media de viudedad es de 935 euros mensuales, mientras que la paga extraordinaria en esta modalidad es de 912,8 euros.
En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema fue de 1.551,7 euros de media, según los últimos datos disponibles (mayo). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación ascendió a 1.656,8 euros al mes.
Nómina y pensión por clase
La nómina mensual de pensiones contributivas alcanzó en junio la cifra de 13.563,8 millones de euros. Como es habitual, casi las tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que representan el 73% del total (9.914,5 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.195,2 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.239,3 millones; la de orfandad, a 178,5 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,3 millones.
Aumentan las jubilaciones demoradas
Hasta mayo (inclusive), último dato disponible, se han registrado 155.131 nuevas altas de jubilación. En el caso de las jubilaciones demoradas, representan ya el 11,4% del total de las nuevas altas, frente al 4,8%. Este cambio refleja el impacto de los incentivos a la demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019.
En cuanto a la media de tiempo de resolución de los expedientes, en abril (último dato disponible) fue de 8,3 días para las pensiones de jubilación y de 9,7 días para las de viudedad.
En junio, 1.042.384 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 88,4% corresponden a mujeres (921.674). El importe medio de este complemento es de 75,3 euros mensuales.
Del total de pensiones complementadas, mas del 25% corresponde a pensionistas con un hijo (260.721); el 47,2% de los beneficiarios, con dos hijos (491.842); el 18,3% lo percibe por tres hijos (190.892), y por cuatro hijos, el 9,5% (98.929).
Clases Pasivas
Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1674,1 millones de euros en el mes de mayo (último dato disponible), lo que supone un aumento de 96,3 millones de euros respecto a la del año anterior, un 6,1% más.
El número de pensiones de Clases Pasivas en vigor fue de 724.597, que son 14.006 pensiones más que en mayo de 2024, con un crecimiento cercano al 2% anual.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.
Asimismo, la aplicación eSTADISS, ubicada en http://run.gob.es/estadissEnlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva., permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.
Para más información estadística de las pensiones de Clases Pasivas: https://www.portalclasespasivas.gob.es/Enlace externo al portal. Se abrirá en una pestaña nueva.
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