Laboratorio de Políticas de Inclusión
34 proyectos, evaluados acorde a los más altos estándares científicos, en concreto mediante la metodología de ensayos aleatorizados.
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Actualidad
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La SGI participa en la reunión informal del Comité de Protección Social en Dublín, centrada en la lucha contra la pobreza
La Secretaría General de Inclusión ha participado en la reunión informal del Comité de Protección Social (SPC), celebrada los días 22 y 23 de septiembre en Dublín, que ha reunido a representantes de distintos países europeos para analizar las prioridades de las políticas sociales y avanzar en cómo romper el ciclo de la pobreza.
En representación de la SGI ha participado María Calle, subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión y presidenta del subgrupo de indicadores del SPC.
Uno de los principales asuntos abordados durante el encuentro ha sido la primera Estrategia Europea contra la Pobreza. El debate ha contado con la participación de EAPN y de personas con experiencia directa de pobreza, incorporando así sus perspectivas al análisis de las políticas públicas.
Entre ellas Katriona O'Sullivan, académica y escritora irlandesa autora de Poor, obra autobiográfica en la que relata su trayectoria desde una situación de pobreza extrema y exclusión social hasta doctorarse en Psicología. Su experiencia permitió abordar algunos de los estereotipos asociados a la pobreza y poner de relieve el papel de la educación, la salud mental y el apoyo comunitario como herramientas para favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades.
La reunión también ha permitido avanzar en otros asuntos centrales de la agenda social europea, como la aprobación del Informe Anual 2026 del Comité de Protección Social y el seguimiento de la implementación de la Garantía Infantil Europea, dirigida a prevenir y combatir la exclusión social de niños y niñas.
Como parte del programa, las delegaciones han visitado diferentes proyectos irlandeses destinados a fortalecer las capacidades y la autonomía de las personas en situación de vulnerabilidad.
Entre ellos la iniciativa del Portland Café o la ONG Sociedad de San Vicente de Paúl, que desarrolla actuaciones frente a la pobreza mediante el acompañamiento a las personas, la promoción de su autonomía y el trabajo en favor de la justicia social en Irlanda, país que ejerce este semestre la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Otra de las paradas ha sido el estadio de deportes gaélico Croke Park, desde donde han podido observar, a vista de pájaro, el entorno de North Inner city, una zona que está experimentando una gran revitalización.
¿SABÍAS QUE…?
El Comité de Protección Social es un órgano consultivo que promueve la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Europea en materia de protección e inclusión social. Entre sus funciones se encuentran el seguimiento de la pobreza y la exclusión social, la elaboración de análisis e informes y el examen de políticas relacionadas con ámbitos como las rentas mínimas, las pensiones y los cuidados.
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Inclusión comparte en Francia la experiencia del Laboratorio de Políticas de Inclusión y el escalado de la innovación social
La Secretaría General de Inclusión ha participado los días 22 y 23 de septiembre en París en un encuentro europeo para intercambiar experiencias sobre cómo escalar iniciativas de innovación social e incorporarlas a las políticas públicas.
La visita se enmarca en el proyecto europeo BIRDS (Boosting Initiatives and Resources to Develop Social Innovation), en el que participan Francia, España, Portugal y Suecia, y ha sido organizado por Avise, entidad responsable del Centro Nacional de Competencias en Innovación Social de Francia.
El objetivo es conocer buenas prácticas sobre el escalado de la innovación social, identificar los factores que facilitan su desarrollo y aplicación a mayor escala, conocer experiencias que puedan ser transferibles a otros contextos y favorecer futuras alianzas europeas.
La experiencia española
La primera jornada se ha centrado en el intercambio de experiencias y conocimientos entre los países participantes. Durante las sesiones se ha abordado el ecosistema francés de innovación social, sus principales retos y oportunidades y las estrategias desarrolladas por los países que integran BIRDS. También se ha analizado la relación entre experimentación, institucionalización y escalado de la innovación a las políticas públicas.
La subdirectora general adjunta de Políticas de Inclusión, Claudia Zulaika, ha participado en la mesa redonda European perspectives on scaling social innovation, donde ha presentado la experiencia del Laboratorio de Políticas de Inclusión, su evolución y su contribución a la transformación de las políticas de inclusión en España.
Zulaika ha expuesto, además, cómo las evidencias obtenidas por el Laboratorio se están trasladando a los programas de inclusión sociolaboral que impulsa el Ministerio en 14 municipios del entorno de Doñana para mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable.
Durante su intervención también ha abordado los retos y perspectivas que plantea el Centro Estatal de Competencias en Innovación Social (CECIS) como instrumento para seguir avanzando en la generación y aplicación de conocimiento en este ámbito.
Conocer experiencias sobre el terreno
La segunda jornada ha tenido un enfoque práctico, con visitas y encuentros dirigidos a conocer sobre el terreno distintas iniciativas del ecosistema francés de innovación social.
Entre ellas, los participantes han visitado Les Petites Cantines Paris, una red sin ánimo de lucro de comedores de barrio que promueve comidas sostenibles y participativas. La iniciativa busca reunir alrededor de una misma mesa a personas de distintas generaciones y trayectorias vitales, favoreciendo las relaciones sociales y una alimentación equilibrada y saludable.
El encuentro ha finalizado con una sesión conjunta de reflexión en la que los participantes han compartido los principales aprendizajes de las dos jornadas y han explorado posibles vías para reforzar la cooperación europea en materia de innovación social.
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Inclusión comparte con Rumanía la experiencia española en políticas de inclusión social
La Secretaría General de Inclusión (SGI) ha participado en un encuentro técnico de cooperación europea con una delegación del Ministerio de Inversiones y Proyectos Europeos del Gobierno de Rumanía.
La reunión se enmarca en el programa TAIEX-TSI PACE de la Comisión Europea, una iniciativa destinada a facilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los Estados miembros. El objetivo es compartir la experiencia española en materia de inclusión social y laboral de la población gitana, con especial atención al diseño e implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En el encuentro, que se ha desarrollado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, han estado presentes María Calle, subdirectora de Objetivos e Indicadores de Inclusión; Claudia Sánchez Conrado, subdirectora adjunta del Gabinete Técnico de la SGI y Ana Vega Boned Pons-Fuster, técnica superior de la Administración Civil del Estado.
Durante la reunión, se ha expuesto el marco institucional español en materia de inclusión, así como el diseño y la evolución del IMV desde su puesta en marcha en 2020.
También se ha analizado el aprendizaje adquirido desde entonces y la importancia de la evidencia científica para la mejora de la eficacia de este tipo de prestaciones, con el Laboratorio de Políticas de Inclusión como modelo de referencia.
El encuentro forma parte del apoyo técnico que la Comisión Europea presta a los Estados miembros a través del Technical Support Instrument (TSI). En este caso, Rumanía busca adaptar a su contexto algunas de las experiencias desarrolladas en España: especialmente el programa Acceder de la Fundación Secretariado Gitano, un modelo de inclusión sociolaboral basado en itinerarios personalizados que combinan diagnóstico, orientación, formación y apoyo en la búsqueda de empleo.
Este intercambio permitirá trasladar a otros Estados miembros la experiencia española en políticas de inclusión activa, los aprendizajes acumulados en el acompañamiento a colectivos vulnerables y las herramientas desarrolladas para favorecer la participación social y laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.
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La Secretaría General de Inclusión y el CSIC analizan los avances de los proyectos de inclusión sociolaboral en Doñana
La Secretaría General de Inclusión (SGI) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han mantenido hoy una reunión de trabajo para analizar los avances técnicos de las actuaciones de inclusión sociolaboral dirigidas a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad del entorno de Doñana.
El encuentro se enmarca en la colaboración que el CSIC mantiene con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2025 para el diseño, seguimiento y evaluación de los proyectos impulsados por la SGI en el marco de la línea 13.3 del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El objetivo es mejorar las condiciones de vida y favorecer la inclusión social y laboral de la población más vulnerable de los 14 municipios del área de influencia de Doñana: Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa.
Para ello se están impulsando iniciativas como dispositivos de triaje social, itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral, acompañamiento integral a las personas participantes y acciones formativas y de orientación para el empleo.
Innovación social con evidencias del Laboratorio
El encuentro, celebrado en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), ha contado con la participación de la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y de la subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión, María Calle. Por parte del CSIC han asistido los investigadores Luis Miller, coordinador general del proyecto, y Roberta Perna.
Durante la sesión de trabajo han compartido el desarrollo de los trabajos y los mecanismos de evaluación que permitirán medir su impacto y extraer aprendizajes para futuras intervenciones en otros territorios.La secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha destacado que «la colaboración con el CSIC resulta fundamental para garantizar que las políticas públicas de inclusión se diseñen y desarrollen sobre bases sólidas y evidencia científica. La innovación social forma parte de la identidad de la Secretaría General de Inclusión y, en el caso de Doñana, estamos impulsando un programa de actuación integral que incorpora metodologías y buenas prácticas desarrolladas en el marco del Laboratorio de Políticas de Inclusión».
Por su parte, los equipos de investigación del CSIC están contribuyendo al diseño de herramientas de recogida y análisis de información que permitan identificar buenas prácticas, detectar áreas de mejora y facilitar la transferencia de los resultados a otros territorios con desafíos sociales similares.
Para estos trabajos, el CSIC moviliza de manera coordinada a tres de sus institutos: el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC), que asume la coordinación general; el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC); y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC).
El triaje social, una herramienta clave para la inclusión
Los ayuntamientos (de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz) ya están implantando o reforzando los sistemas de triaje social que serán evaluados por el CSIC. Estos dispositivos son una herramienta de primera acogida y atención integral en los servicios sociales comunitarios de los municipios de Doñana.
Su funcionamiento se basa en protocolos de atención especializados y en equipos multidisciplinares orientados a:
- Realizar un diagnóstico temprano y personalizado de las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.
- Diseñar y desarrollar itinerarios integrales de inclusión adaptados a las necesidades de cada persona.
- Facilitar el acceso coordinado a recursos sociales, formativos y laborales.
- Garantizar un acompañamiento continuado durante todo el proceso de inclusión.
Las subvenciones para iniciativas locales han permitido reforzar la capacidad de atención de las entidades locales mediante la incorporación de nuevos profesionales. Hasta la fecha, se han realizado más de veinte contrataciones en los ámbitos de los servicios sociales, la gestión administrativa y el asesoramiento jurídico, así como de perfiles especializados como trabajadores sociales, psicólogos, técnicos de integración social, educadores y orientadores laborales.
Con esta actuación, el Ministerio de Inclusión reafirma su compromiso con el desarrollo de políticas públicas innovadoras que contribuyan a reducir las situaciones de vulnerabilidad, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la cohesión social en el entorno de Doñana.
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María Calle, reelegida presidenta del subgrupo de Indicadores del Comité de Protección Social de la UE
La subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión, María Calle, ha sido reelegida por dos años más como presidenta del subrupo de Indicadores (ISG, por sus siglas en inglés) del Comité de Protección Social (SPC) de la Unión Europea.
El ISG es un subgrupo de trabajo permanente que presta apoyo técnico al Comité de Protección Social, órgano encargado, a su vez, de preparar los trabajos del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO).
Entre las funciones del subgrupo se encuentran el seguimiento de los indicadores sociales de la Unión Europea, la elaboración de análisis comparados sobre la situación social de los Estados miembros y la mejora de las estadísticas comunitarias.
María Calle, que ocupa la presidencia de este órgano desde mayo de 2024, es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y doctora en esta misma disciplina por la Universidad de Nueva York (NYU).
Funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2011, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el Ministerio de Trabajo, donde ha desempeñado diversas responsabilidades relacionadas con los indicadores sociales y la estadística. En julio de 2024 fue nombrada subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión.
La actual mesa directiva del ISG está integrada por María Calle (España) como presidenta, y por Silke Laenen (Bélgica), Sebastian Becker (Alemania) y Monika Austaller (Austria) como vicepresidentes. La secretaría del subgrupo corresponde a la Comisión Europea.
Impulso a la Estrategia Europea contra la PobrezaEn 2025, el ISG avanzó en la actualización de los indicadores de pobreza y exclusión social, la revisión del Informe Conjunto sobre el Empleo y la modernización de los sistemas de seguimiento de la protección social.
Durante 2026, continúa realizando el seguimiento continuo de los objetivos europeos de reducción de la pobreza para 2030 y, especialmente, en el desarrollo de la Estrategia Europea contra la Pobreza.
Sobre el Comité de Protección Social
El Comité de Protección Social prepara los debates del Consejo EPSCO en materia de protección e inclusión, y supervisa la situación y la evolución de las políticas de protección social en los Estados miembros.
El Comité está compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y de la Comisión EuropeaSe reúne mensualmente, excepto en los meses de julio y agosto. Sus sesiones se celebran dos veces al año en el Estado miembro que ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Además del subgrupo de Indicadores, que actúa como grupo de trabajo permanente, el CPS cuenta con otros dos sectoriales: la Red de Ingresos Mínimos (MINET) y el Subgrupo de Trabajo sobre Protección Social Adecuada en la Vejez (ADAGE).
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España defiende en el Consejo de la UE la puesta en marcha de la primera Estrategia Europea Antipobreza
El Embajador Adjunto en la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER), Oriol Escalas, ha defendido hoy, en la reunión de esta institución celebrada en Luxemburgo, la puesta en marcha de la primera Estrategia Antipobreza de la Unión Europea, de la que nuestro país es uno de los principales impulsores.
Este conjunto de iniciativas, propuesto por la Comisión Europea el pasado mes de mayo, pretende reforzar la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales y contribuir a la erradicación de la pobreza en todos los Estados de la Unión de cara a 2050.
La estrategia adopta un enfoque integral, reconociendo que la pobreza es un fenómeno multidimensional vinculado no solo a los bajos ingresos y al empleo precario, sino también a las dificultades de inserción laboral y a las barreras de acceso a los servicios públicos esenciales.
El enfoque de España
Escalas ha señalado que este plan “es un instrumento clave para recuperar la idea fundacional de la Unión, la Europa de los ciudadanos”. En esa línea, ha destacado que “el desarrollo de las rentas mínimas y de los itinerarios de inclusión para quienes las perciben es de especial importancia”.
No obstante, ha subrayado que “el refuerzo de las políticas de inclusión laboral es una actuación eficaz para combatir la pobreza y la exclusión social, pero no puede ser la única”. Por ello, ha añadido que “debe tenerse siempre en cuenta la complejidad y la multidimensionalidad de las causas de la pobreza”, así como “garantizar el acceso a la educación, la sanidad, la vivienda, los bienes y servicios, la cultura y el ocio”.
También ha valorado la importancia del “impulso a la innovación social” y de “basar las políticas sociales en datos empíricos y en el análisis del retorno social y económico”.
Visión integral de lucha contra la pobreza
En su intervención inicial, la vicepresidenta y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, ha señalado que “en nuestra guerra contra la pobreza tenemos razones de sobra para actuar” y ha afirmado que “se trata de defender nuestros valores y una vida digna, así como la democracia social, porque no podemos hablar de resiliencia si existen personas en situación de vulnerabilidad”.
Asimismo, ha indicado que “la mejor manera de acabar con la pobreza es el empleo de calidad”. En este sentido, ha recordado que su departamento va a lanzar una fase de consulta con los interlocutores sociales a nivel europeo para fomentar la inclusión de millones de personas que no tienen empleo ni lo buscan.
Un aspecto clave identificado es el problema del acceso a las ayudas disponibles, ya que entre el 20 % y el 50 % de las personas con derecho a prestaciones no las solicitan. Las causas incluyen la complejidad administrativa, la falta de información, las barreras digitales y el estigma social. Para mejorar la eficacia de las políticas sociales, la estrategia propone simplificar los procedimientos, reforzar los servicios de orientación y facilitar el ejercicio de los derechos.
Asimismo, Mînzatu ha explicado que otra de las medidas contempladas es la designación de un coordinador nacional contra la pobreza, preferiblemente en el ámbito del gabinete del primer ministro.
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El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” destaca el papel pionero del Laboratorio de Políticas de Inclusión en la evaluación de políticas públicas
El Observatorio Social de la Fundación “la Caixa” ha publicado el artículo Análisis de las políticas de inclusión social en España mediante evaluaciones aleatorizadas, que sintetiza la experiencia del Laboratorio de Políticas de Inclusión y presenta los resultados de dos de sus proyectos piloto.
Los autores del artículo, Samuel Bentolila (CEMFI), y Ana García-Hernández e Inés Torres-Rojas (J-PAL Europe), identifican al Laboratorio como una iniciativa pionera por su escala y ambición, así como por su modelo de colaboración entre los tres niveles de la Administración pública y diversas organizaciones no gubernamentales. Asimismo, subrayan su apuesta por la evaluación rigurosa de políticas públicas mediante una estrecha alianza con el ámbito académico.
Principales puntos destacados del Laboratorio
El análisis subraya que el Laboratorio de Políticas de Inclusión fue impulsado en 2021 por la Secretaría General de Inclusión para obtener evidencia rigurosa, a partir de evaluaciones aleatorizadas, sobre la eficacia de 32 políticas de inclusión social dirigidas a colectivos en situación de vulnerabilidad y complementarias al despliegue del Ingreso Mínimo Vital.
Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha movilizado una inversión de 212 millones de euros y ha beneficiado, directa e indirectamente, a más de 175.000 personas en todo el territorio español.
Gracias a su metodología innovadora, basada en el uso de evaluaciones aleatorizadas, se ha obtenido evidencia empírica sobre intervenciones en materia de empleo y emprendimiento, apoyo social y acceso a prestaciones sociales, educación, competencias digitales, y políticas de vivienda y energía. Las evaluaciones han permitido identificar impactos significativos en las personas participantes y contribuir al impulso de una cultura de diseño de políticas públicas basada en la evidencia.
La publicación concluye que el Laboratorio ha permitido obtener información valiosa sobre la eficacia de un amplio abanico de políticas sociales y ha contribuido a avanzar hacia un modelo de diseño de políticas públicas más riguroso, evaluable y orientado a resultados.
El impacto positivo del apoyo personalizado
El artículo detalla, además, los principales resultados de dos proyectos evaluados por el Laboratorio que muestran cómo el apoyo personalizado puede reducir las desigualdades sociales y generar efectos positivos en los colectivos participantes.
Por un lado, analiza el programa desarrollado por la Fundación Secretariado Gitano, dirigido a reducir la brecha educativa de jóvenes de etnia gitana en situación de vulnerabilidad. La evaluación muestra avances notables en los resultados académicos, tanto en las calificaciones como en las pruebas estandarizadas, así como una mejora de las aspiraciones educativas del alumnado y un incremento de la implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas.
Por otro lado, recoge los resultados del proyecto impulsado junto a Plena inclusión España, orientado a mejorar la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a través de una metodología de empleo personalizado. La intervención contribuyó a mejorar la tasa de empleo, el número de horas trabajadas, la formalización de contratos y la participación en actividades formativas. También se observaron avances en inclusión social, bienestar y participación en actividades de voluntariado.
El artículo completo puede consultarse en la web del Observatorio Social de la Fundación “la Caixa”.
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La Secretaría General de Inclusión participa en un taller de la OCDE sobre inversión pública en políticas sociales
La subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión, María Calle, ha participado en el taller internacional “Promover una inversión pública efectiva para mejorar los resultados sociales”. Este evento ha sido organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el marco de la Plataforma de Intercambio de Conocimientos sobre Métricas de Bienestar y Prácticas Políticas.
El encuentro, dirigido a responsables públicos de países miembros de la OCDE, ha abordado cómo mejorar la eficacia de la inversión pública para lograr mejores resultados sociales, en un contexto de crecientes presiones presupuestarias.
La jornada se ha centrado en ejemplos de experiencias sobre evaluación de políticas públicas, modelos de financiación orientados a resultados e inversión colaborativa para promover el bienestar y la inclusión. En particular, han participado expertos de países como España, Canadá, Reino Unido, Australia, Dinamarca, Nueva Zelanda y la Comisión Europea, junto con equipos de la propia OCDE.
España, referente en innovación en políticas de inclusión
María Calle ha intervenido en la sesión “Innovación en la evaluación y el análisis de políticas para comprender mejor los retornos sociales y económicos de la inversión en bienestar”, donde ha compartido la experiencia de España con el Laboratorio de Políticas de Inclusión.
Durante su intervención, ha señalado que el Laboratorio nació tras la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, con la convicción de que las prestaciones económicas deben ir acompañadas de políticas integrales de inclusión. “Políticas como el apoyo a la inserción laboral y la formación para personas sin empleo, el acompañamiento social, medidas de apoyo a familias y niños en hogares vulnerables, y actuaciones dirigidas a grupos con necesidades específicas”, ha señalado.
María Calle ha señalado que el Laboratorio permitió testar políticas innovadoras de inclusión social mediante una metodología rigurosa, basada principalmente en ensayos controlados aleatorizados. Entre 2021 y 2024, se llevaron a cabo más de 30 proyectos, con una inversión de 200 millones de euros y un alcance aproximado de 90.000 personas de forma directa.
La subdirectora ha destacado que el Laboratorio ha supuesto un cambio de modelo en la forma de generar y difundir evidencia desde la Administración pública. En este proceso, Calle ha puesto en valor el modelo de gobernanza del Laboratorio, destacando que su desarrollo ha requerido una estrecha colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones del tercer sector. También ha destacado el papel clave de J-PAL Europe y CEMFI como socios académicos.En este contexto, Calle ha subrayado algunas de las principales conclusiones del laboratorio, como la eficacia de las intervenciones personalizadas y multidimensionales, la relevancia de incorporar componentes de salud mental y competencias digitales, y el valor de trabajar con organizaciones cercanas al territorio.
Hacia el Laboratorio 2.0
La Secretaría General de Inclusión avanza en la difusión de resultados y en el escalado de las intervenciones más eficaces, con el objetivo de trasladar las lecciones aprendidas a nuevas políticas de inclusión en colaboración con comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones sociales.
En este sentido, Calle ha señalado que el Gobierno central puede “animar a los gobiernos autonómicos y locales a aplicar las lecciones aprendidas en este laboratorio y tratar de encontrar distintas fuentes de financiación para escalar estos proyectos”.
“Creemos firmemente que las políticas sociales eficaces son la mejor inversión para transformar nuestra economía y nuestra sociedad”, ha concluido.
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España, líder en Europa en la evaluación de políticas de inclusión laboral para población vulnerable
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica el informe “Fomento de la inclusión laboral: Evidencia del Laboratorio de Políticas de Inclusión en España y de otras evaluaciones en Europa”, que analiza la efectividad de 18 programas piloto del Laboratorio de Políticas de Inclusión dirigidos a mejorar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad.
El estudio ha sido elaborado por J-PAL Europe, un centro de investigación de referencia internacional que colabora con el ministerio desde 2021 y que se integra en la red académica global cofundada por los premios Nobel de Economía Abhijit Banerjee y Esther Duflo.
El informe identifica qué estrategias tienen mayor impacto en la activación laboral, el desarrollo de competencias y el bienestar, y establece una hoja de ruta para mejorar la empleabilidad desde una perspectiva social. Además, sitúa a España a la vanguardia en la evaluación rigurosa de políticas de inclusión laboral porque la evidencia a nivel europeo sigue siendo limitada.
Resultados y aprendizajes del informe
Siete entidades sociales, ocho comunidades autónomas y dos ayuntamientos impulsaron los 18 programas de inclusión laboral analizados, en colaboración con la Secretaría General de Inclusión. Las personas participantes estaban en riesgo de pobreza y exclusión social, muchas de ellas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o de rentas mínimas autonómicas (RRMM).
Las intervenciones realizadas se agrupan en cuatro categorías:
Programas integrales: más allá del empleo
Los programas que combinan la ayuda a la búsqueda de empleo con acompañamiento social, apoyo educativo, psicológico o digital han demostrado ser eficaces para mejorar la activación laboral, la situación económica, el acceso a recursos y el bienestar general. En algunas experiencias se detectaron mejoras en la participación en formación, el uso de prestaciones, las condiciones de vida y la salud mental. En los programas con componente educativo mejoraron las expectativas académicas de las familias, así como los resultados escolares.
Reducir la brecha digital: clave para la inclusión
Los programas de formación en competencias digitales dirigidos a personas desempleadas tuvieron efectos claros en la mejora de habilidades tecnológicas, especialmente entre personas perceptoras del IMV. En algunos casos, también se tradujeron en más empleo a tiempo completo y mejora de ingresos. Además, contribuyeron a mejorar la autoestima, la satisfacción vital y la capacidad de realizar trámites con la administración.
Formación profesional
La formación para personas desempleadas de larga duración o con baja cualificación mostró resultados positivos en motivación, organización y búsqueda de empleo, y contribuyó al desarrollo de nuevas habilidades. Los programas que incorporaron apoyo psicosocial también fortalecieron la autonomía personal y la salud mental.
Intervenciones eficaces con colectivos específicos
Los programas adaptados a jóvenes, mujeres o personas con mayores barreras de inclusión, como personas sin hogar o con discapacidad intelectual a través de la fórmula del Empleo Personalizado, mostraron que el enfoque personalizado y continuo es más eficaz que los modelos estándar.
Con personas jóvenes en situación de vulnerabilidad se logró mejorar la confianza, las habilidades sociales y la vinculación a servicios de empleo. En el caso de mujeres en situación de pobreza o violencia de género, aumentó la participación, el bienestar y el empoderamiento personal. Las intervenciones intensivas y multidisciplinares con personas en exclusión severa resultaron especialmente útiles para aumentar la búsqueda activa de empleo y el bienestar subjetivo.
Recomendaciones del informe
El informe de J-PAL destaca que estos hallazgos ofrecen lecciones valiosas y subraya que el Laboratorio constituye una “aportación significativa al conjunto de evidencia existente sobre la inclusión laboral de personas beneficiarias de prestaciones sociales”.
“Mientras que en Europa la evidencia rigurosa sobre la efectividad de intervenciones dirigidas a poblaciones vulnerables es aún limitada, el Laboratorio ha llevado a cabo 18 evaluaciones aleatorizadas de este tipo”, añade.
Recomienda, entre otros puntos, invertir tiempo suficiente en el diseño de las evaluaciones para incorporar la evidencia existente y metodologías sólidas; fomentar la colaboración entre administraciones públicas e investigadores; planificar la medición de resultados a medio y largo plazo; y diseñar políticas que conecten mejor la oferta y la demanda laboral.
Según la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, “este informe y las evidencias del Laboratorio deben guiar el diseño de las futuras estrategias de empleo e inclusión. Porque es imprescindible acompañar las prestaciones económicas -como el Ingreso Mínimo Vital- con apoyos educativos, sociales y de empleabilidad”.
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Inclusión participará en el futuro Centro Nacional de Competencias en Innovación Social
España dispondrá de un Centro Nacional de Competencias en Innovación Social (CECIS). Será la primera infraestructura española dedicada a convertir la innovación social en conocimiento transferible a las políticas públicas.
El 5 de mayo se ha firmado el Protocolo General de Actuación para la constitución de este consorcio en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha suscrito el texto junto a representantes de otros tres ministerios y dos grandes organismos de ciencia y tecnología: Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Ministerio de Trabajo y Economía Social; IMSERSO; CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Como destaca Derechos Sociales, que lidera la iniciativa, “es una alianza interinstitucional que refleja que la innovación social no es competencia de un solo departamento: es una condición estructural para el cambio”.
La Secretaría General de Inclusión cuenta con una dilatada experiencia en este ámbito que se materializa en el Laboratorio de Políticas de Inclusión. “Este consorcio será clave para impulsar, compartir y articular la innovación social orientada a retos sociales complejos, promoviendo el aprendizaje colectivo y la experimentación, así como la evaluación del impacto social”, subraya Elena Rodríguez.
Encuentro internacional de los Centros de Competencias
La firma ha tenido lugar en el evento internacional “Social Innovation Portfolios in Practice: Building Advocacy for Systemic Change”, organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Comisión Europea en Madrid (4 y 5 de mayo de 2026). El acto ha reunido a los Centros Nacionales de Competencia en Innovación Social de los países europeos junto a actores institucionales españoles, como Gonzalo Valencia, subdirector de Políticas de Inclusión.
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El Ingreso Mínimo Vital llega en marzo a más de 829.000 hogares en los que conviven más de un millón de menores
La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a 829.399 hogares en los que viven 2.532.284 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Del total, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto, 1.034.319.
La cuantía media de la prestación es de 543,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 495,6 millones de euros.
En marzo de este año 2026, había 125.920 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 18%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 18,1% (387.278) desde marzo de 2025.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En marzo, el 68% de los titulares (563.741) y el 53,4% de los beneficiarios (1.352.883) son mujeres.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a más de 3,5 millones de personas (3.546.408).
Protección reforzada a la infancia
El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.034.319 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.
En el tercer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (570.548 hogares, el 69% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 139.499 son hogares monoparentales.
“El Ingreso Mínimo Vital marca la diferencia especialmente en la infancia. Hoy, el 41% de los beneficiarios son menores y en casi siete de cada diez hogares protegidos hay niños y niñas. Esto significa que estamos actuando donde más importa, que es en el presente y en el futuro del país”, afirma la ministra Elma Saiz.
El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En marzo, 573.831 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 66,4 euros por menor y de 120,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
“El IMV no es solo una prestación, es una red que evita la exclusión, que da estabilidad a las familias y que permite que miles de personas puedan construir un proyecto de vida con más seguridad. El Complemento de Ayuda Para la Infancia refuerza precisamente eso, porque sabemos que invertir en la infancia es invertir en igualdad de oportunidades”, asegura la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
“El IMV también está siendo una palanca real para muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. La edad media de los beneficiarios es de apenas 28 años, y si miramos más allá de los titulares de la prestación, baja incluso a los 20. Esto nos dice que estamos llegando a quienes están empezando su vida adulta sin recursos suficientes. El IMV les da algo tan fundamental como un punto de apoyo para no quedarse atrás. Es más que una ayuda económica, hablamos de oportunidades y de evitar que una generación quede atrapada en la exclusión”, señala Saiz.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
Ficheros adjuntos
Nota de prensa (pdf - 187 KB)
Estadística completa IMV CCAA y provincias (xlsx - 491 KB)
Altas acumuladas (xlsx - 25 KB)
Solicitudes (xlsx - 66 KB)
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El Ministerio de Inclusión abre a consulta pública el proyecto de bases reguladoras para fomentar la innovación en política social
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha abierto a consulta pública el proyecto de orden de bases reguladoras para financiar proyectos piloto de inclusión dirigidos a colectivos vulnerables a través de soluciones innovadoras.
Las organizaciones, asociaciones y personas interesadas pueden enviar sus opiniones, hasta el próximo 6 de abril de 2026, a través del correo electrónico fse.inclusion@inclusion.gob.es.
El objetivo de esta convocatoria es continuar impulsando, a partir de las evidencias obtenidas en el Laboratorio de Políticas de Inclusión (2022-2024), la investigación social, la innovación y la generación de conocimiento en materia de inclusión social en España, así como promover la participación en la sociedad de los colectivos más desfavorecidos o vulnerables.
La SGI, organismo intermedio del FSE+
La Secretaría General de Inclusión (SGI) ha sido designada organismo intermedio en el Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), lo que permitirá vincular sus actuaciones al fomento de acciones sociales innovadoras en el marco estratégico plurianual de este fondo estructural.
El FSE+ es el principal instrumento de la Unión Europea destinado a invertir en las personas y respaldar la aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales.Con esta iniciativa, la SGI promoverá la detección de nuevas evidencias y buenas prácticas mediante la financiación de proyectos piloto en el ámbito de la inclusión social, así como su evaluación de impacto, para:
- Mejorar la coordinación y la eficiencia de los servicios sociales.
- Promover el empleo y la empleabilidad.
- Ampliar el acceso a la sanidad, la educación, la vivienda y la energía.
- Impulsar la alfabetización digital.
Además, busca trabajar con las entidades del Tercer Sector porque juegan, en estrecha cooperación con las administraciones públicas, un papel fundamental en la prestación de servicios sociales personalizados a las personas y hogares más vulnerables.
Consulta pública:
https://expinterweb.inclusion.gob.es/participacion/participa?tramite=2
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El Ingreso Mínimo Vital tiene perfil femenino: dos tercios de las personas titulares y más de la mitad de las beneficiarias son mujeres
La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero a 810.928 hogares en los que viven 2.477.021 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 545,1 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 472,2 millones de euros.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino. En febrero, el 68% de los titulares (551.113) y el 53,4% de los beneficiarios (1.323.208) son mujeres.
En febrero de este año 2026, había 122.921 prestaciones activas más que hace un año, al haber aumentado el número de hogares protegidos en casi un 18%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 18,1% (379.731) desde enero de 2025.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,5 millones de personas (3.482.781).
Contexto: mujer y pobreza
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 realizada por el Instituto Nacional de Estadística confirma una reducción de la tasa de pobreza entre las mujeres en edad de trabajar respecto a 2024.
La evolución de los indicadores consolida una tendencia de mejora general. En este contexto, el IMV -con dos tercios de beneficiarias y más de la mitad de las titulares mujeres- refuerza su papel como instrumento clave para combatir la vulnerabilidad económica femenina, especialmente en las familias monoparentales, que perciben un complemento del 22%.
“La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social siguen bajando en España, hasta la cifra más baja de la serie histórica, y también entre las mujeres. El Ingreso Mínimo Vital, donde dos de cada tres beneficiarias son mujeres, es una herramienta decisiva para reducir esta vulnerabilidad y avanzar en igualdad. Desde su puesta en marcha, el IMV ha protegido a 1,9 millones de mujeres”, afirma la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Protección reforzada a la infancia
El IMV constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores existentes en la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,9% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.013.102 niñas, niños y adolescentes protegidos por esta prestación.
En el segundo mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (559.083 hogares, el 69% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 136.680 son hogares monoparentales.
El complemento de ayuda para la infancia refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En febrero, 560.800 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 66,1 euros por menor y de 119,9 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
Este complemento puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,5 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El IMV es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde el mes de mayo los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
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El Ingreso Mínimo Vital llega en enero a casi 800.000 hogares en los que viven más de un millón de niños, niñas y adolescentes
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en enero a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, más de un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 1.001.789. La cuantía media de la prestación ha sido de 546,8 euros al mes por hogar. Y en conjunto, la nómina actual ha ascendido a más de 457,7 millones de euros.
Desde enero de 2026, la cuantía de las prestaciones en alta se ha revalorizado un 11,4%, como recoge el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.
En enero de este año 2026, había 126.463 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,8%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,1% (391.133) desde enero de 2025.
“El incremento cercano al 19% en el número de hogares protegidos en el último año refleja que el IMV está llegando cada vez a más familias y reforzando la red de seguridad frente a la vulnerabilidad”, afirma la ministra Elma Saiz, que destaca la flexibilidad de la prestación “una política viva que evoluciona para dar una respuesta eficaz a las distintas situaciones de vulnerabilidad”.
Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde alrededor del 68% de los titulares (542.509) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto,1.304.395.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 1.001.789 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.
En el primer mes del año, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (552.281 hogares, el 69,1% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 135.204 son hogares monoparentales.
“El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida confirman esta tendencia, con una mejora de los indicadores de pobreza, especialmente infantil, y desigualdad gracias al refuerzo de la protección social”, explica la ministra.
El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En enero, 552.300 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 66 euros por menor y de 119,7 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 4.841,8 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
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Inclusión participa en un evento del CSIC que apuesta por la innovación social para hacer frente a desafíos complejos
La Secretaria General de Inclusión (SGI), Elena Rodríguez, y el subdirector de Políticas de Inclusión, Gonzalo Valencia, han participado en la jornada “Ciencia e innovación social ante retos complejos: hacia ecosistemas de innovación social conectados y basados en conocimiento”, celebrada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
El evento ha reunido a responsables públicos, comunidad científica y otros agentes clave para reflexionar sobre el papel de la innovación social frente a desafíos complejos como el envejecimiento, la crisis de los cuidados, la despoblación, las migraciones y las desigualdades territoriales.
Han participado, además de la SGI, la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea; la directora del Gabinete Técnico de la Secretaría General de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera; el director general del CDTI, José Moisés Martín; y el director de Agirre Center (ALC), Gorka Espiau.
Durante la inauguración, la presidenta del CSIC ha destacado la necesidad de institucionalizar los procesos de innovación social, de modo que cuenten con reglas claras de funcionamiento, financiación estable y el respaldo de las administraciones públicas. “Es importante generar ecosistemas de innovación social con comunidades de profesionales que trabajen en este ámbito y compartan recursos, aprendizajes y experiencias”, ha afirmado.
Impulso al Centro de Competencias de Innovación Social (CECIS)
En el evento se ha abordado además el futuro Centro de Competencias de Innovación Social (CECIS) como una herramienta clave para fomentar iniciativas como el desarrollo de tecnologías aplicadas a los cuidados y a la vida independiente.
La creación de este centro, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, responde a las recomendaciones de la Comisión Europea, que plantea la necesidad de que los Estados cuenten con centros nacionales para reforzar las capacidades públicas y articular ecosistemas de innovación sólidos.
En concreto, el CECIS forma parte de la iniciativa europea BIRDS (Boosting Initiatives and Resources to Develop Social Innovation), un proyecto orientado a fortalecer los ecosistemas de innovación social desde una perspectiva tecnológica y con un enfoque centrado en la transformación de las políticas públicas.
Elena Rodríguez ha detallado en la sesión cómo puede contribuir el Ministerio de Inclusión al impulso de este centro. “El objetivo -ha explicado- es fortalecer la colaboración pública y construir sociedades innovadoras que den respuesta a retos sociales y complejos”. También ha destacado el papel del Laboratorio de Políticas de Inclusión como una iniciativa pionera en el uso de metodologías experimentales aplicadas a las políticas de inclusión social y laboral.
Asimismo, ha puesto en valor el trabajo desarrollado junto al CSIC y otros actores en proyectos vinculados al territorio, como las actuaciones impulsadas en el entorno de Doñana, donde se están aplicando metodologías innovadoras para reforzar la intervención de los servicios sociales y adaptar las políticas de inclusión a las necesidades específicas de cada municipio. “La innovación social debe entenderse como una capacidad estructural de las políticas públicas y no como una suma de iniciativas aisladas”, ha concluido.
Finalmente, Gonzalo Valencia ha explicado la experiencia acumulada en Inclusión desde 2020 y cómo puede activarse la innovación social en el territorio, junto a representantes del Ministerio de Ciencia y las entidades Provivienda y Acción contra el Hambre.
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El Ingreso Mínimo Vital llega a 800.000 hogares en diciembre en los que viven cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en diciembre a 799.553 hogares en los que viven 2.441.647 personas, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Del conjunto, casi un millón son niños, niñas y adolescentes, en concreto 993.843. La cuantía media de la prestación ha sido de 483,1 euros al mes por hogar. Y en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 412 millones de euros.
En este año 2026, la cuantía de las prestaciones en alta va a verse revalorizada un 11,4%, como se ha previsto en el Real Decreto-ley que incluye la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2026. Se da así respuesta a lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y a la recomendación 15ª del Pacto de Toledo, que persigue la garantía de suficiencia de las pensiones, con el objetivo de que sean dignas y suficientes.
“En 2026, la revalorización de las cuantías del IMV va a ser del 11,4%, muy por encima del IPC. La lucha contra la pobreza severa es nuestra prioridad, en particular la infantil, y en esa lucha, el Ingreso Mínimo Vital juega un papel muy importante, por lo que debe tener una cuantía digna que permita transitar a una situación mejor”, asegura la ministra Elma Saiz.
Al finalizar 2025, había 125.824 prestaciones activas más que un año antes, es decir, el número de hogares protegidos ha aumentado un 18,7%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios, que ha sumado un 19,2% (393.892) desde diciembre de 2024.
Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 68% de los titulares (543.397) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto,1.305.250.
Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye de forma particular una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,7% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 993.843 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.
En diciembre, en más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (547.234 hogares, el 68,4% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 134.672 son hogares monoparentales.
El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En diciembre, 563.272 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68,5 euros por menor y de 126,4 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
El Ingreso Mínimo Vital y los jóvenes
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 20,1 años.
“Conscientes de las dificultades concretas de los más jóvenes, hemos incorporado mejoras en el IMV que les faciliten el acceso a la prestación cuando están en situación de vulnerabilidad”, explica Elma Saiz. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace más de cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como el resto de los miembros de su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementará, se reducirá o se extinguirá.
Ficheros adjuntos
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La Secretaría General de Inclusión participa en el primer Día contra la Pobreza del Parlamento Europeo
La subdirectora general de Objetivos e Indicadores de Inclusión del ministerio, María Calle, ha participado en el primer Anti-Poverty Day 2025, organizado por EAPN- European Anti Poverty Network junto al intergrupo de lucha contra la pobreza del Parlamento Europeo.
Un evento clave que ha puesto en el centro de la acción política de la UE la experiencia vivida de las personas en situación de pobreza.
Responsables políticos, eurodiputados/as y organizaciones sociales han debatido cómo Europa puede avanzar hacia la erradicación de la pobreza, con la mirada puesta en la primera Estrategia Europea de Lucha contra la Pobreza, prevista para 2026.
España participa en la I Estrategia contra la pobreza UE
España está participando de forma activa en dicha estrategia, como ha subrayado María Calle en el taller temático “Fortalecimiento de los planes de acción nacionales y locales”, impulsado por el Gobierno de España en colaboración con EAPN España.
La subdirectora ha compartido la experiencia pionera del Laboratorio de Políticas de Inclusión, “un proyecto innovador en el que hemos trabajado tres años, con fondos del PRTR, para conocer qué estrategias de inclusión son más eficaces en el trabajo contra la pobreza”. “Nos ha aportado buenas prácticas y lecciones que pueden ser valiosas para la estrategia europea”, destaca.
Desde la Secretaría General de Inclusión (SGI) se está trabajando con entidades del Tercer Sector para difundir las evidencias del Laboratorio como estrategia efectiva de erradicación de la pobreza en Europa.
La primera fase del laboratorio ha concluido con 32 proyectos y la SGI analiza ahora “cómo escalar las rutas de inclusión más efectivas y cómo aprender de las prácticas que no prosperaron”.
“Estamos explorando las experiencias positivas del triaje social y la colaboración con los operadores sociales para diseñar itinerarios personalizados en los 14 municipios del ámbito de Doñana”, ha adelantado Calle.
Cómo reducir el NTU
El Laboratorio ha sido destacado como una buena experiencia europea por diferentes ponentes durante la jornada y se ha presentado uno de sus proyectos. Helder Ferreira, responsable de Asuntos Europeos de EAPN-ES, ha expuesto la metodología y resultados del itinerario “Proyecto Acceso Vital para la detección y movilización de personas en situación de non take-up”.
“Hemos aprendido mucho sobre la situación de las personas en pobreza extrema, muy severa, en términos territoriales. El objetivo era comprender cómo llegar mejor a la población elegible para el Ingreso Mínimo Vital en toda España”.
Resultados del Proyecto Acceso Vital para la Detección y Movilización de personas en Situación de Non Take-Up
España, ejemplo de buenas prácticas
Ojeaku Nwabuzo presentó el Informe Poverty Watch 2024, un estudio que recoge las conclusiones de 18 informes de planes de acción nacionales y en el que destacó, como ejemplo de buenas prácticas, el caso de España:
- Ha llegado a un buen punto porque ha definido de forma clara y eficaz, en un plan multidimensional, qué es la pobreza y cómo abordarla.
- Está analizando las causas básicas de la pobreza para aprender cómo atajarla.
- Está trabajando muy bien y adoptando un enfoque interseccional.
También destacó la implicación del Gobierno de España el presidente de EAPN Europa y EAPS-España, Carlos Susías, en su intervención en el panel inaugural: “El Ministerio de Inclusión se ha volcado para que las acciones contra la pobreza funcionen de manera eficaz. También somos un país que ya contamos con una Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”.
A su juicio, la primera Estrategia Europea “es una obligación comunitaria y política”, recordando la necesidad de desarrollarla de la mano de las personas en pobreza, contando con su conocimiento, y “coordinada con el empleo de calidad y el de acceso a la vivienda”.
La Comisión europea persigue con ella reflexionar sobre la naturaleza multidimensional de la pobreza y sus causas profundas y abordarla desde una perspectiva del ciclo de vida, basándose en el enfoque de la inversión social. También desempeñará un papel fundamental en la aplicación del Pilar europeo de derechos sociales, ya que la UE se esfuerza por reducir el número de personas en riesgo de pobreza en, al menos, 15 millones para 2030.
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El Ingreso Mínimo Vital llega a cerca de 2,4 millones de personas en octubre
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 773.272 hogares en los que viven 2.363.554 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En el último año, el número de hogares con prestación se ha visto incrementado en un 19,25% y el número de beneficiarios ha crecido un 20,1%. “El IMV es una herramienta útil en la lucha contra la pobreza y estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan, por eso que crezca el número de prestaciones significa que estamos ampliando nuestra cobertura, estamos llegando donde antes era más difícil llegar”, ha explicado la ministra de Inclusión. En concreto, este mes, hay 124.803 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 395.402 beneficiarios.
La cuantía media de la prestación es de 487,2 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 532,6 millones de euros.
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (524.905) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.263.504.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación.
En octubre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (531.648 hogares, el 68,75% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 131.998 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados de los hijos e hijas.
A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En octubre, 544.159 hogares recibieron el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,8 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
Desde su puesta en marcha, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes.
“El IMV es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza infantil y mejorar la situación de los menores en hogares con vulnerabilidad económica y seguimos trabajando para que su efecto sea aún más amplio”, asegura la ministra de Inclusión.
Los jóvenes y el Ingreso Mínimo Vital
La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,31 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Si exceptuamos a los titulares del IMV, la edad baja a los 19,97 años.
“Gracias al proceso de evaluación continua de esta prestación, hemos incorporado mejoras para los jóvenes que les faciliten el acceso a la prestación cuando están en situación de vulnerabilidad”, explica Elma Saiz.
En este sentido, se han incorporado mejoras dirigidas a facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos/as a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.
Por otro lado, añade Saiz, “la prestación se ha convertido en una red de protección básica para jóvenes de 18 años que salen del sistema de protección, menores ex tutelados y otros jóvenes que con 18 años se quedan en situación de orfandad absoluta”. Este colectivo puede acceder automáticamente al IMV al cumplir la mayoría de edad sin necesidad de acreditar ningún año de vida independiente.
Requisitos generales para solicitar el IMV
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Como consecuencia, desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.
Ficheros adjuntos
- Nota de prensa (pdf - 337 KB)
- Dossier completo CCAA (Excel) (xlsx - 489 KB)
- Altas acumuladas (Excel) (xlsx - 25 KB)
- Nómina (xlsx - 30 KB)
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El Ingreso Mínimo Vital llega a cerca de 2,4 millones de personas en septiembre
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 776.924 hogares en los que viven 2.369.979 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 514,7 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros.
Este mes, hay 115.284 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,4%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en septiembre de 2025 se contabilizan 376.420 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+18,9%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (527.042) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.267.130.
Protección reforzada a la infancia
El Ingreso Mínimo Vital constituye una herramienta esencial en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia. Actualmente, el 41% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, lo que supone 970.518 menores protegidos.
En septiembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (532.365 hogares, el 68,7% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 132.256 eran hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres, que asumen en solitario la crianza y cuidados.
A esta protección se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En septiembre, 543.782 hogares recibieron conjuntamente el IMV y el CAPI, con una ayuda media de 68 euros por menor y de 125,5 euros por hogar con menores. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 0 a 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.
El CAPI también puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos de hasta 3.755 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.
“El Ingreso Mínimo Vital garantiza un apoyo mayor a los hogares con niños y niñas, mientras que el Complemento de Ayuda para la Infancia amplía esta red para llegar también a familias con ingresos más moderados”, ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado ya a 1.099.053 hogares y a 3.262.854 personas, de las que 1,4 millones son menores, el 43,2% del total.
Acceso al Ingreso Mínimo Vital
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación de la Seguridad Social que garantiza un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad y que se puso en marcha hace cinco años. Se configura como un derecho subjetivo, adaptado a la realidad de cada unidad de convivencia, y constituye un instrumento clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para solicitarlo, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales.
Además, tanto la persona solicitante como su hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes.
El IMV es compatible con rentas del trabajo y contempla incentivos para favorecer la inserción laboral y mejorar las condiciones de vida de las familias.
Asimismo, el nuevo sistema de doble revisión de ingresos implantado permite a las familias conocer de antemano la actualización de su prestación. Desde mayo, los beneficiarios saben ya si, en función de los ingresos del año anterior, su prestación se incrementa, se reduce o se extingue.
Ficheros adjuntos
- Nota de prensa (pdf - 198 KB)
- Nómina septiembre (xlsx - 30 KB)
- Altas acumuladas (xlsx - 25 KB)
- CCAA y provincias (xlsx - 488 KB)
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El Ingreso Mínimo Vital llega a más de 2,3 millones de personas en agosto
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 764.905 hogares en los que viven 2.335.553 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 516,78 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426 millones de euros.
Este mes, hay 115.462 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,8%.
En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en agosto de 2025 se contabilizan 377.853 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,3%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8% de los titulares (518.548) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.248.614.
Infancia e IMV
El 41,1% de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, 959.891, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil.
En agosto, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 68,7%. En total, hay 525.810 hogares con menores, de los que 130.945 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores.
“El IMV es ya una herramienta consolidada de lucha contra la pobreza que pone el acento en la infancia y que resulta fundamental cuando se pasa por una situación de necesidad”, ha valorado la ministra Elma Saiz. “Resulta especialmente valiosa para los niños, niñas y adolescentes, porque les da estabilidad y confianza en el futuro”.
Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 535.235 unidades de convivencia. Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en agosto ha sido de 67,85 euros por cada menor y de 125,12 euros por hogar con menores.
Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.084.489 hogares y beneficiado a 3.221.358 personas, de los cuáles 1,4 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3% del total.
Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.630,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.
Doble revisión de los ingresos
“Desde el primer minuto de la legislatura nos comprometimos a revisar esta situación y a mejorar el Ingreso Mínimo Vital en todo lo posible”, explica Elma Saiz. “En este esfuerzo se enmarca el sistema de doble revisión de los ingresos de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. De esta forma, adelantamos todo lo posible la actualización de las cuantías de la prestación”, explica. Con este nuevo sistema, las familias beneficiarias saben desde mayo si, acorde con los ingresos del año anterior, su IMV sube, baja o se suprime.
Hasta este momento la revisión se hacía en octubre, cuando se contaba con los datos consolidados de la Agencia Tributaria. El Ministerio de Inclusión y Hacienda han trabajado para realizar un cruce de datos previo, en el mes de abril y con efectos desde el mes de mayo, para que los beneficiarios de la prestación conozcan el estado de la misma cuanto antes y cobren un IMV actualizado según sus ingresos.
En caso de que la cuantía de su prestación sea menor a la que venían percibiendo, se establece un sistema de compensación en las nóminas siguientes en función de las necesidades de la familia. En el caso de que los beneficiarios salgan de la prestación porque han alcanzado ingresos autónomos suficientes, esta nueva actualización reduce el importe de las devoluciones.
Ficheros adjuntos
- Nota de prensa (pdf - 332 KB)
- Dosier comunidades autónomas (xlsx - 488 KB)
- Nómina (xlsx - 31 KB)
- Altas acumuladas (xlsx - 25 KB)
