La FRA advierte del aumento de la brecha social entre personas migrantes debido a la transición hacia la vivienda eficiente energéticamente - Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

Las reformas energéticas de las viviendas pueden aumentar el riesgo de exclusión si las administraciones no ponen los medios adecuados, Así se desprende del informe ‘Vivienda en la transición energética: derechos fundamentales‘ de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) publicado el pasado 23 de enero. En él analiza los riesgos que los procesos de rehabilitación energética pueden generar para los hogares vulnerables si no se incorporan garantías sociales adecuadas. El documento advierte de que la transición energética aplicada a la vivienda, aun siendo imprescindible para alcanzar los objetivos climáticos, puede profundizar desigualdades existentes cuando no se acompaña de mecanismos de protección específicos para los hogares con mayor vulnerabilidad.

Según la UE, un 36% de las emisiones energéticas proceden de edificios ineficientes y el 75% del parque residencial europeo lo es también. Esto convierte la rehabilitación en una prioridad climática. Sin embargo, la FRA resalta que una parte significativa de la población no puede asumir los costes asociados a las actuaciones de rehabilitación energética. Esto es una limitación especialmente agravada en hogares con menores recursos económicos, donde se destinan proporcionalmente el doble de su presupuesto a energía que los de renta alta, lo que profundiza la desigualdad estructural.

Esta vulnerabilidad energética también se refleja en las personas mayores: una de cada cuatro vive en viviendas con problemas de eficiencia. A ello se suma la situación de los hogares en los que reside al menos una persona con discapacidad: el 22 % de las personas con discapacidad habita en edificios mal adaptados o con barreras arquitectónicas, lo que limita su autonomía y su acceso a condiciones de vida dignas.

Otro de los problemas detectados por el informe es que las ayudas suelen ir destinadas a los propietarios de las viviendas y no a los inquilinos. “Los inquilinos con menos recursos suelen vivir en edificios menos eficientes, pero están prácticamente excluidos de los programas de renovación, que se dirige sobre todo a propietarios”, señala el informe. También la FRA advierte que, tras las obras, muchos inquilinos se enfrentan subidas de alquiler, cláusulas de finalización de contrato o incluso desplazamientos forzosos, sobre todo en zonas urbanas de gran densidad de población. Por ello, pide a los Estados miembros blindar los derechos de los inquilinos, asegurar que las ayudas lleguen a al parque de alquiler, incluida la vivienda social y evitar que la mejora energética se convierta en una vía indirecta de expulsión de los barrios.

El informe también identifica barreras económicas en algunos proyectos de ayudas, que requieren cofinanciación. Además de las barreras administrativas, los procedimientos son demasiado complejos y por ello también excluyentes.  Estas limitaciones afectan a todos los ciudadanos vulnerables. La FRA subraya la situación de quienes viven en viviendas precarias, chabolismo o informales, como asentamientos o barrios con déficits estructurales. Para estos casos la institución señala que las soluciones que se están ofreciendo desde las administraciones pueden ser ineficaces: subvenciones, deducciones fiscales o programas de rehabilitación convencionales resultan insuficientes o inoperantes.  La agencia insta a los Estados miembros a integrar estas realidades en las políticas de lucha contra la pobreza y de vivienda asequible, garantizando el acceso básico a la energía y a la electricidad y evitando que la transición energética agrave situaciones de exclusión ya existentes.

Exclusión a las personas migrantes

La FRA advierte, además, de que la transición energética puede reforzar patrones de exclusión que afectan de manera desproporcionada a las personas migrantes, especialmente en los hogares ubicados en entornos con carencias significativas de infraestructura. La FRA destaca que esta situación puede derivar en formas de discriminación indirecta si no se adoptan medidas específicas de protección. Propone que se incorpore un enfoque de derechos que garantice la participación efectiva de la población migrante en los procesos de rehabilitación, y su acceso real a las ayudas públicas. Se evitará así que la mejora energética implique desplazamientos, desalojos, pérdida de vivienda o expulsión de barrios con alta presencia de población de origen extranjero.

Para evitarlo, la FRA reclama un cambio de enfoque que situé los derechos fundamentales como núcleo de las estrategias climáticas nacionales y locales. Esto implica que toda política pública de vivienda incorpore de manera previa un análisis sistemático de riesgos en términos de igualdad, accesibilidad universal, no discriminación y protección frente a la perdida de hogar.