Entra en vigor la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación - Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

La aprobación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación, en vigor desde el pasado 14 de julio, supone un gran avance en la prevención y eliminación de la discriminación racista o xenófoba; y constituye un marco normativo para favorecer la igualdad e impulsar la aplicación integral de este derecho en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Esta nueva norma desarrolla los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución para mejorar la regulación de los derechos y obligaciones de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, asentar principios generales de actuación de los poderes públicos y proporcionar herramientas de prevención, eliminación y corrección de la discriminación ilegítima, tanto directa como indirecta.

El texto, dividido en cinco títulos, comienza por sentar las definiciones en consonancia con los avances doctrinales y jurisprudenciales, incluyendo las de “discriminación múltiple e interseccional”, “acoso discriminatorio” y medidas de “acción positiva”.

A continuación, la norma indaga en el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en los ámbitos del empleo, educación, sanidad, servicios sociales, oferta de bienes y servicios, seguridad ciudadana, vivienda, medios de comunicación, inteligencia artificial, cultura y deporte.

La nueva ley también vela frente a la discriminación, mediante la aplicación de métodos de detección y acciones preventivas y de concienciación, la indemnización de daños materiales y morales, el impulso de la investigación por las fiscalías y la persecución penal de las conductas discriminatorias.

Por otra parte, se instituye la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que se encargará de proteger e impulsar estos derechos subjetivos en los ámbitos de competencia estatal.

La nueva ley despliega asimismo un régimen sanciones, incluyendo infracciones que, sin ser constitutivas de delito, atentan contra la dignidad de las personas. En el régimen sancionador se tiene en cuenta criterios como la intencionalidad, repercusión y reincidencia.

La norma se acompaña de la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de Julio, complementaria de la Ley Integral, que modifica los artículos del Código Penal implicados en la Ley, como el artículo 22, excepción 4.ª, y los puntos 1 y 2 del artículo 510. La nueva redacción del Código Penal imputa el antigitanismo como delito de odio específico, lo que conllevará una pena de prisión de uno a cuatro años y una multa de seis a doce meses.

La norma regula también el asesoramiento y la asistencia a las víctimas de discriminación e intolerancia para facilitar su recuperación integral. Además, considera, en especial, las agresiones perpetradas a través de las redes sociales y nuevas tecnologías, ámbitos en los que aborda materias como la gestión masiva de datos, los servicios de la información y las aplicaciones móviles. En el mundo del trabajo, a su vez, responsabiliza a las empresas de velar por el cumplimiento de la igualdad de trato en las negociaciones colectivas correspondientes.