El FISI llama la atención sobre el impacto de la soledad no deseada y la necesidad de reforzar las políticas de integración en las personas migrantes - Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

El segundo capítulo del Informe Anual 2024 del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (FISI), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y elaborado por la Comisión de Políticas de Integración, Interculturalidad, Convivencia y Cohesión Social, se titula ‘Situación de la población inmigrante y propuestas para su integración’.

Este capítulo comienza recordando el actual contexto internacional marcado por el auge de los conflictos y de las crisis climáticas, así como la tendencia hacia el establecimiento de políticas migratorias más securitarias, en las que se refuerzan las fronteras exteriores y se endurecen los controles migratorios, mientras que las políticas de integración pierden centralidad. Estas medidas pueden obstaculizar el acceso al derecho de asilo y suponen una amenaza y un riesgo para los derechos fundamentales de las personas migrantes. A nivel europeo, el capítulo destaca la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y la presentación de los planes nacionales de implementación a finales de 2024.

A nivel nacional, se pone de manifiesto que únicamente cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra) cuentan actualmente con un Plan de Convivencia e Interculturalidad dirigido a la integración de las personas migrantes, lo que muestra la pérdida de centralidad de las políticas de integración en la agenda social y política. También se hace referencia a los retos persistentes en España, como son, por ejemplo, las dificultades de carácter estructural para acceder la vivienda o los obstáculos administrativos para acceder al empadronamiento. En este ámbito, la renovación de la inscripción padronal cada dos años se convierte en un laberinto burocrático para muchas personas extranjeras, con consecuencias graves sobre su derecho a la salud, la educación o los servicios sociales.

Por otro lado, el informe destaca el papel del Sistema de Acogida de Protección Internacional en garantizar los derechos de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal, cubrir sus necesidades básicas y acompañarlas en su proceso de adquisición gradual de autonomía para su mejor inclusión en la sociedad.

También destaca la respuesta del Gobierno de España ante el aumento de llegadas a las costas canarias (que alcanzó un total de 61.323 personas en 2024), recalcando la ampliación de las plazas de acogida y la ampliación de la intervención de los centros CREADE para facilitar el acceso al procedimiento de asilo por parte de las personas acogidas. Sin embargo, sigue apuntando a la persistencia de dificultades en el acceso al procedimiento de asilo en el territorio nacional y a la necesidad de articular medidas que permitan responder a la llegada y acogida de menores migrantes no acompañados (como, por ejemplo, la ampliación de la red de centros de acogida para menores y la creación autonómica de centros de preautonomía) con el fin de velar por la adecuada protección de la infancia.

Asimismo, el capítulo aborda cómo la mediación intercultural se presenta como una herramienta eficaz para la prevención de conflictos y la construcción de una convivencia basada en el respeto y la empatía. Buenas prácticas como el proyecto UMMI o el programa ‘Ciudades Mediadoras’ de la Fundación Cepaim son ejemplos de cómo la mediación puede transformar entornos urbanos y rurales en espacios inclusivos. Además, el informe recomienda convertir la formación en mediación intercultural en una asignatura obligatoria para el personal público.

El  capítulo concluye con una serie de recomendaciones entre las que destaca impulsar el desarrollo del Marco Estratégico de Ciudadanía, Inclusión y Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, diseñar un Plan de Integración y Convivencia Intercultural, recuperar la centralidad de las políticas de integración y aumentar la información a las personas migrantes para el acceso a los recursos básicos.

Salud mental y soledad no deseada como reto para mejorar la inclusión social

Uno de los aspectos más novedosos abordados en el informe es el impacto de la salud mental y de la soledad no deseada en los procesos de inclusión. En este sentido, el reciente estudio realizado por Cruz Roja pone de manifiesto que el proceso migratorio puede desencadenar sentimientos de aislamiento y riesgo de soledad en colectivos vulnerables. A lo anterior, la lengua y la etnia son elementos que pueden agravar este sentimiento de soledad no deseada.

El informe propone una serie de acciones destinadas a combatir el sentimiento de aislamiento y de soledad no deseada entre las personas migrantes -como son medidas preventivas, acciones de acompañamiento y de atención- y destaca el papel que deben desempeñar las políticas públicas desde una perspectiva intersectorial para abordar esta situación.