España ante el reto de garantizar la protección internacional a personas LGTBI: una cuestión de derechos humanos - Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) publicó en 2024 el Informe ‘La Protección Internacional para Personas LGTBI: El Acceso al Derecho a la Protección Internacional por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género’. En este documento se analiza el acceso al derecho de protección internacional para personas LGTBI en España, poniendo el foco en los procedimientos, barreras y recomendaciones fundamentales para garantizar una respuesta justa y sensible por parte del Estado.

Una de las principales conclusiones del informe es que las personas LGTBI que solicitan asilo enfrentan una serie de obstáculos específicos para acreditar su condición y justificar su temor fundado de persecución. Esto se debe, en gran medida, a la centralidad que adquiere el relato personal como medio probatorio, en un contexto en el que, por las propias características de la persecución, las pruebas documentales son escasas o inexistentes. De hecho, según la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), en España solo 1 de cada 10 delitos de odio son denunciados. Esta invisibilidad se agrava cuando el agente perseguidor es la propia familia o comunidad, dejando a la persona solicitante aislada, sin redes ni documentación de respaldo.

El procedimiento de solicitud de protección internacional se estructura en diferentes contextos: en territorio, en centros de internamiento (CIE) y en frontera. Cada uno de estos escenarios presenta tiempos, condiciones y garantías diferentes. En territorio, por ejemplo, el proceso es más flexible y permite a los solicitantes desenvolverse en un entorno menos hostil, accediendo a asistencia legal y social. En cambio, en frontera, como en el Aeropuerto de Barajas, la rapidez del trámite, de apenas cuatro días, dificulta la creación de un espacio seguro y la elaboración de un relato complejo, lo cual puede afectar de forma decisiva la resolución del expediente.

La evaluación de la credibilidad del relato es uno de los puntos más críticos del procedimiento. A menudo, se espera de las personas solicitantes que presenten relatos coherentes, estructurados y emocionalmente consistentes, sin tener en cuenta el impacto del trauma, la diversidad cultural o la disociación provocada por el miedo. Las incoherencias, la revelación tardía de la orientación sexual o identidad de género, o la falta de hitos “narrativos” reconocibles (como la pertenencia a asociaciones LGTBI o experiencias sexoafectivas explícitas) son interpretadas como signos de falsedad, cuando en realidad responden a procesos de opresión estructural.

Además, el informe denuncia el uso de estereotipos en la valoración de las solicitudes. Se señala que las autoridades tienden a buscar indicios visibles o comportamientos "esperables" de una persona LGTBI, lo que excluye realidades complejas e interseccionales. Por ejemplo, se pone en duda la pertenencia al colectivo si él o la solicitante ha tenido relaciones heterosexuales o ha sido víctima de matrimonios forzados, sin considerar que muchas personas bisexuales, trans o con identidades no normativas no encajan en las categorías binarias o estereotipadas del imaginario occidental.

Análisis de los informes de país de origen (COI)

Uno de los puntos más destacados del informe es el análisis de los informes de país de origen (COI), utilizados frecuentemente como prueba objetiva para aceptar o rechazar solicitudes. El estudio advierte que estos documentos, en muchos casos, invisibilizan la situación de mujeres lesbianas, personas trans, bisexuales o intersexuales, centrándose únicamente en varones homosexuales cisgénero. Esta falta de información no debe interpretarse como ausencia de persecución, sino como un sesgo en la producción de conocimiento, lo que exige una lectura crítica e interseccional de estos informes.

En cuanto a las recomendaciones, el informe de CEAR insiste en la necesidad de formar adecuadamente al personal encargado de las entrevistas en diversidad sexual, identidad de género y enfoque cultural, evitando preguntas invasivas o formuladas desde el desconocimiento. Asimismo, se recomienda el diseño de espacios seguros, confidenciales y respetuosos durante todo el proceso, así como el fortalecimiento de los canales de acceso a la información y al acompañamiento legal para los solicitantes.

En definitiva, este informe pone sobre la mesa la urgencia de revisar y reformar el sistema de asilo desde una perspectiva de derechos humanos, alejándose de una lógica probatoria centrada en la desconfianza y orientándose hacia una acogida digna, sensible y respetuosa de la diversidad.