La Seguridad Social recuerda que sus cuentas son inembargables y el IBI del hospital corresponde a Castilla-La Mancha

9 marzo 2010 .- Las cuentas de la Seguridad Social son inembargables porque su finalidad prioritaria es abonar las pensiones de los ciudadanos que tienen reconocido este derecho. En consecuencia, el Ayuntamiento de Ciudad Real no puede ejecutar un embargo contra la Tesorería General de la Seguridad Social para resarcirse del impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al Hospital General de Ciudad Real, que es gestionado por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y, por lo mismo, quien debería abonar dicho impuesto. La Tesorería General de la Seguridad Social ha presentado una querella contra el Ayuntamiento de Ciudad Real por la decisión contraria al artículo 85 de la Ley General de la SS y al art. 30.3 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas/2003.

La Seguridad Social destaca que el Ayuntamiento de Ciudad Real intentó embargar sus cuentas el día en que se procedía al pago de las pensiones, con lo que los principales perjudicados hubieran sido los pensionistas de la provincia.

La controversia sobre este edificio se remonta al año 2002 cuando se produce el traspaso a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los bienes adscritos a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y, por error, el inmueble no se incluye en la relación de bienes transferidos. En el momento en que se materializó el traspaso el inmueble se encontraba se fase de construcción, por lo que la Comunidad Autónoma se subrogó en el contrato de obras que el Insalud ya había suscrito para la construcción del hospital, disponiendo, desde entonces, del solar sobre el que se ha edificado.

La Comunidad Autónoma se ha negado a pagar el IBI basándose en el hecho de que formalmente el inmueble no figura en la relación de transferidos, a pesar de que recepcionó la obra en 2005. De hecho, la TGSS no pudo inscribir la obra nueva en el Registro de la Propiedad hasta el año 2009, después de haber reclamado reiteradamente a la Comunidad el envío de la documentación preceptiva.

Desde ese momento, la Seguridad Social ha venido tratando de subsanar el error, estando actualmente a la espera de una actuación administrativa que cancele definitivamente la omisión inicial.