12/03/2010

Casi 600 personas han sido detenidas por estos delitos

La Policía Nacional destapa un fraude a la Seguridad Social superior a los 88 millones de euros durante 2009

Se ha producido un descenso de más de un 53% en las irregularidades en materia de afiliación cometidas por ciudadanos extranjeros, tanto en lo que afecta a la falsificación de documentos, como a la usurpación del estado civil. Durante el pasado año no se han detectado irregularidades en el ámbito de la formación continua

12 marzo 2010.- La Policía Nacional ha destapado durante el pasado año un fraude a la Seguridad Social superior a los 88 millones de euros. Los agentes han realizado 609 investigaciones que han conducido a la detención o imputación de 599 personas por este tipo de delitos. La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial, ha instruido más de 370 atestados y 695 informes remitidos a autoridades Judiciales y entidades de la Seguridad Social. .

Durante el año 2009 se ha producido una importante caída en las irregularidades en materia de afiliación cometidas por ciudadanos extranjeros, que han descendido en más de un 53%, tanto en lo que afecta a la falsificación de documentos, como a la usurpación del estado civil. Además, no se ha tenido conocimiento de la existencia de irregularidades en materia de formación continua durante el pasado año.

A través de estas actuaciones, que se llevan a cabo a requerimiento de las distintas entidades de la Seguridad Social, como consecuencia de las irregularidades que detectan en sus controles habituales, o bien en colaboración con otras unidades policiales sobre denuncias que reciben y con las Autoridades Judiciales sobre hechos de los que conocen, han sido investigadas 815 personas jurídicas y mas de 1.635 personas físicas.

Además, gracias a las investigaciones y actuaciones policiales de años anteriores, durante 2009 no se ha detectado la existencia de irregularidades en materia de cursos de formación continua.

La mayor parte de las actuaciones tienen que ver con infracciones:

> Contra la Seguridad Social, cometidos por los responsables de empresas que incumplen sistemáticamente la obligación de cotizar, tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.

> Insolvencia punible, cometida por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por incumplir la obligación de cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, utilizando en la mayoría de los casos testaferros, así la deudora queda en situación de insolvencia. También se encuentran en este caso las aquellas personas físicas que incumplen igualmente, y de forma sistemática, la obligación de cotizar, cuando tienen conocimiento de que por parte de la Seguridad Social se ha iniciado el procedimiento de apremio, y por ello venden o simulan la venta de sus bienes, produciéndose así una situación de insolvencia del deudor.

> Falsificación de documentos de cotización (certificados de situación de cotización o boletines de cotización) cometidos por responsables de empresas, que fundamentalmente actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, con el fin de acreditar ante las empresas contratistas los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado.

> Otras falsedades documentales en relación con el alta y afiliación de trabajadores llevadas a cabo en unos casos para simular una relación laboral inexistente y como consecuencia de la misma obtener prestaciones, subsidios u otros beneficios que la afiliación al Sistema de Seguridad Social contempla y, en otros casos, ciudadanos extranjeros ilegales para realizar una actividad laboral cuando carecen del preceptivo permiso de trabajo.

A través de estas actuaciones, se estima que se ha evitado un fraude respecto al que, si bien no es posible efectuar una cuantificación exacta, se considera elevado y podría alcanzar una cifra próxima a la mitad del fraude investigado, pues al efectuarse estas investigaciones en las diferentes provincias, en muchas de las cuales tienen un especial impacto, da lugar a que gran parte de las empresas que se encuentran en situación irregular, inmediatamente regularicen sus pagos ante el temor de ser posibles objetivos de investigación.