La ministra Elma Saiz se reúne con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en relación al Ingreso Mínimo Vital

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recibido a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, María Isabel Blanco Llamas, para intercambiar impresiones sobre el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía. 

La ministra Saiz ha destacado el compromiso de colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas para fortalecer los sistemas de protección a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Además, ha vuelto ha hacer una llamada a la corresponsabilidad de las administraciones autonómicas “que pueden complementar la cuantía del IMV, aumentar su renta mínima o ampliar los colectivos a los que se dirige, garantizando un nivel de ingresos más digno y acorde a las necesidades reales de cada territorio, aunque lamentablemente muchas no lo están haciendo”.
Desde que se puso en marcha el IMV en 2020, cerca de 37.000 familias de Castilla y León han recibido la prestación, beneficiando a un total de 110.000 personas, de las cuales el 43,6% son menores. El Gobierno central ha destinado 475 millones de euros al IMV en Castilla y León.

Por el contrario, la labor protectora de la Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León, ha descendido un 80% en este tiempo: de 9.313 hogares beneficiados en 2020 a 1.748. La nómina destinada a cubrir estas prestaciones ha pasado de 4,47 millones en mayo de 2020 a 816.914 euros en mayo de 2024. La cobertura de la RGC es del 7% en comparación con la del IMV. 

Además, el Ministerio de Inclusión ha desarrollado 7 itinerarios ligados al IMV en Castilla y León, con una inversión de 4,2 millones de euros y que han beneficiado a 3.000 personas. La ministra ha informado a la consejera de la intención de ampliar el programa de itinerarios, a la vista de los grandes resultados obtenidos y animados por la Comisión Europea, que se abrió a estudiar nuevas vías de financiación para darle continuidad.
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