Juan Pablo Riesgo afirma que España “no va a competir en salarios bajos, sino en talento e innovación”

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha afirmado hoy que “España no va a competir en salarios bajos, sino en talento e innovación” y ha remarcado que para este objetivo es fundamental el nuevo modelo de formación profesional para el empleo que ha puesto en marcha el Gobierno.

“La formación es la clave para el empleo de calidad, que es la prioridad del Gobierno”, ha reiterado Riesgo durante su intervención en el curso “Cómo ser un buen emprendedor”, organizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid.

El secretario de Estado ha recordado el papel que tienen los autónomos en el nuevo modelo de formación. En este sentido, ha matizado que la nueva Ley que regula la Formación Profesional para el Empleo (FPE) prevé que la programación estratégica plurianual cuente con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos para fijar las prioridades del sistema.

El secretario de Estado ha asegurado que el modelo de formación profesional, consolidado en España a lo largo de los últimos 20 años, ha permitido la formación de muchos trabajadores.

El número de trabajadores formados y el de empresas han experimentado un aumento exponencial durante la vigencia del actual sistema, pasando de los 200.000 en 1992 a los 4 millones que se están formando en la actualidad.

No obstante, el sistema adolecía de importantes debilidades. Así lo recoge el Informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a la gestión de 2010 y las propias encuestas internas elaboradas por la Fundación Tripartita.

El nuevo enfoque del modelo sitúa en el centro de la reforma del sistema a los trabajadores, ya sean ocupados o desempleados temporalmente, y a las empresas para conseguir el nivel óptimo de eficacia, competitividad y también de transparencia.

Este nuevo modelo será de aplicación a todas las Administraciones Públicas en todo el territorio nacional, y los interlocutores sociales seguirán teniendo un papel trascendente, relevante, sobre todo en lo que es la planificación y la programación de la formación.

Cuenta-formación para trabajadores

El nuevo modelo permite que la formación pueda ser una variable continua a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. Así, se implanta la cuenta-formación, estableciendo una cuenta asociada a cada trabajador, como está asociado el número de la Seguridad Social, que le acompañe durante toda su vida laboral y donde se certificará toda y cada una de las actividades de formación que haya realizado a lo largo de su vida profesional.

Se apostará por la tele-formación como un instrumento que puede dotar al sistema de mayor eficacia y flexibilidad, y se fomentará en las empresas de tamaño pequeño o mediano, donde la cultura de la formación continua tiene menor presencia.

En la gestión de formación de oferta, los recursos se someterán a concurrencia competitiva en un cien por cien. De esta manera, los centros accederán a esas convocatorias de formación, bien por la Administración General del Estado, bien por las Comunidades Autónomas, en igualdad de condiciones.

En el ámbito de la formación para desempleados, se introduce el cheque-formación, gracias al cual una persona desempleada podrá elegir libremente el lugar donde se quiere formar. Será la Administración la que pague luego esa formación al centro de forma directa.

Otro cambio destacable en materia de formación subvencionada, es que a partir de ahora sólo se podrá anticipar, antes de iniciar la formación, un 25 por 100 de los fondos a los centros de formación.

Tolerancia cero contra el fraude

Por otra parte, se establece un proceso de evaluación permanente, basado en principio de “tolerancia cero” contra el fraude. Para ello, se constituye una unidad especial de inspección dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se elevan las sanciones. Así, aquellas empresas que no utilicen adecuadamente los fondos recibidos no podrán volver a recibir recursos del sistema de formación en cinco años.

Además, habrá un sistema integrado de información entre Comunidades Autónomas y Gobierno para evaluar en tiempo real el sistema de formación y sus resultados.

Juan Pablo Riesgo ha expresado su confianza en que la tramitación parlamentaria de la norma que regula el modelo, permitirá mejorarlo y enriquecerlo con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.

Cambio de rumbo de la economía española

En su intervención, Riesgo ha puesto de relieve la importante transformación que ha experimentado nuestro país en los últimos 3 años. Ha señalado que el cambio de la situación económica y del mercado laboral español ha sido posible gracias al esfuerzo y el compromiso de toda la sociedad y a las reformas del Gobierno.

Éstas se enfocaron desde el primer momento en la contención del déficit para poder pagar las facturas a los emprendedores y autónomos, en el saneamiento del sector financiero y en la mejora de la competitividad de la economía, todo con el objetivo de frenar el aumento del paro e impulsar cuanto antes la creación de empleo.

En este sentido, ha recordado que las medidas puestas en marcha desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, empezando por la reforma laboral de 2012, han permitido que el paro haya pasado de crecer a un ritmo interanual de un 9% a reducirse a tasas del 8%.

También ha remarcado los esfuerzos para reducir la precariedad en el empleo y ha señalado que en esta Legislatura la tasa de asalariados indefinidos ha aumentado en 2 puntos, hasta el 76,4% del total, y los nuevos contratos indefinidos a tiempo completo aumento a ritmos interanuales del entorno del 20%. 

Riesgo ha señalado también la importancia de la reforma de las políticas activas puesta en marcha por el Gobierno porque para “hacer frente al reto de devolver a España a la senda de creación de empleo era imprescindible contar con unas políticas activas eficaces y eficientes”.

Una reforma que se construye, ha explicado, con la colaboración y coordinación con todas las administraciones implicadas y a través de un sistema transparente basado en la evaluación de las políticas y la orientación a resultados.