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09/03/2010

Seis personas detenidas y otras cinco más imputadas

Fraude a la Seguridad Social en Pamplona, mediante la utilización de 23 sociedades mercantiles

El importe de lo defraudado supera los dos millones de euros

9 marzo 2010.- La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona, han destapado un fraude a la Seguridad Social, por importe de más de dos millones de euros, en el que han resultado afectadas 23 sociedades mercantiles, todas ellas dedicadas a la actividad de construcción en general y servicios de limpieza. Como consecuencia de estas investigaciones han sido detenidas seis personas y cinco más han sido imputadas.

Las actuaciones se han llevado a cabo a requerimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social, como consecuencia de las irregularidades que detectaron en sus controles habituales en materia de cotización. Se ha podido determinar que los principales responsables de la trama, que han sido detenidos, comenzaron su actividad empresarial a finales de los años noventa con empresas de la construcción, y años más tarde comenzaron a anunciarse en periódicos locales como compradores de empresas en crisis.

Con este método contactaron con empresarios y compraron numerosas sociedades, aunque en ningún momento se llegó a pagar a sus antiguos titulares las cantidades acordadas o estipuladas. En otros casos, incumplieron lo pactado con ellos de asumir la deuda que dichas empresas pudieran tener con Seguridad Social, Hacienda o proveedores.

A partir del momento en que los compradores adquirieron la titularidad de las distintas sociedades incumplieron sistemáticamente la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, y con el fin de ocultar la identidad de los verdaderos responsables de las mismas y, en consecuencia, eludir las acciones ejecutivas que pudieran llevarse a cabo por la Tesorería General de la Seguridad Social, utilizaron como administradores, en un principio a sus antiguos dueños y posteriormente a terceras personas (testaferros) que nada tienen que ver con el mundo empresarial, y que en algunos casos son incluso indigentes a los que abonaron una cantidad de dinero por figurar en los órganos de gestión de las sociedades investigadas. Del mismo modo hacían figurar domicilios de las sociedades mercantiles que no eran reales, ya que todas ellas eran gestionadas desde una misma oficina.

Como consecuencia de estas manipulaciones, el grupo de empresas defraudó a la Seguridad Social mas de dos mil millones de euros, habiendo incurrido cuatro de las sociedades en un delito especifico contra la Seguridad Social al haber superado en varios periodos anuales deuda por importe de 120.000 euros.