22/07/2012

El proyecto facilitará la comunicación con la Dirección General de la Marina Mercante y la Secretaria General de Pesca

El Instituto Social de la Marina mejora el intercambio electrónico de información y simplifica los trámites administrativos

 

  •      Habrá mayor control del fraude en el caso de trabajadores que salen a faenar sin el alta en la Seguridad Social

 

El Instituto Social de la Marina ha acometido un nuevo proyecto que permitirá mejorar la comunicación electrónica, a través de los medios informáticos, con los otros dos organismos relacionados con un ámbito de actuación común: la Dirección General de la Marina Mercante y la Secretaría General de Pesca.

Con el objeto de mejorar la eficiencia en el intercambio de información entre órganos de la Administración y reducir el número de documentos que se solicitan al ciudadano, como indica la Ley 30/1992 y posteriormente la Ley 11/2007, el proyecto del ISM persigue como objetivos fundamentales la simplificación administrativa, la reducción de cargas para el ciudadano y el incremento de la seguridad jurídica, además de permitir adoptar actuaciones de lucha contra el fraude. Para ello, se ha trabajado  conjuntamente para unificar los distintos códigos identificativos de las embarcaciones, ya que cada organismo manejaba uno diferente.

El Instituto Social de la Marina ha definido, por otro lado, una serie de áreas de intercambio de información que abarca ámbitos de actuación como la Afiliación e Inscripción, Formación, Sanidad Marítima, Gestión de Ayudas a Tripulantes por paralización de la flota. Se trata de Inspecciones llevadas a cabo según el acuerdo suscrito por los tres Ministerios para mejorar la seguridad de los buques pesqueros, etc.

Con la información que el ISM propone facilitar a la Dirección General de Marina Mercante se facilitará la verificación de los requisitos necesarios ligados a la autorización del despacho de buques llevada a cabo en Capitanías Marítimas y Distritos, además de avanzar en la lucha contra el fraude evitando que salieran a la mar trabajadores que no estuvieran de alta en la Seguridad Social.

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS

Hasta el día de hoy, la iniciativa ha hecho posible que esté muy avanzado el proceso de enlace de identificativos de embarcación entre los tres organismos implicados. Así, se ha conseguido cotejar los barcos que se encontraban dados de alta en el Fichero de Embarcaciones del ISM, con los barcos que figuran en el Registro de Buques de la Dirección General de la Marina Mercante y los que constan en el Censo de Flota Pesquera Operativa, con actividad desde el 1 de enero de 2008. Con el resultado de dichos cruces el Instituto Social de la Marina ha creado un fichero de barcos con información procedente de las tres entidades, de tal forma que, cuando se consulte una embarcación se haga con la total seguridad de está perfectamente identificada por los tres organismos.

En cuanto a los servicios ya operativos que el ISM ha puesto a disposición de la Dirección General de Marina Mercante, permiten además a las Capitanías Marítimas realizar consultas desde su aplicación de despacho de buques simplificando trámites Podrán verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente sin necesidad de que el armador o tripulante deba aportar la documentación acreditativa de los mismos, entre los más importantes están: consulta de ‘Certificación de grado de aptitud del Reconocimiento Médico de Embarque Marítimo’; Consulta de ‘Situación del trabajador en el Régimen Especial de Seguridad Social de los Trabajadores del Mar’ y la consulta de ‘Certificación de Formación Sanitaria’.

Por otro lado, el Instituto pidió a la Dirección General de Marina Mercante ha proporcionado varios servicios web –entre ellos, dotación de un buque y enroles/desenrroles de un tripulante- que ahorran a los ciudadanos la presentación de documentación y hacen que el trámite de las ayudas económicas a tripulantes por paralización de la flota sea más ágil.

Esta línea de trabajo en cooperación entre distintas administraciones y organismos supone una garantía adicional de seguridad jurídica para los trabajadores. Con este proyecto y otros en desarrollo que se irán implantando se persigue un servicio jurídicamente más seguro, más eficiente y de menor coste económico que acerque la administración al ciudadano y facilite su relación con la administración.