Aprobado el Acuerdo Marco de intermediación laboral con las agencias de colocación

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Acuerdo Marco que tiene por objeto complementar la intermediación de los servicios públicos de empleo en el mercado laboral mediante un sistema de colaboración público-privada con las agencias de colocación.

Este Acuerdo Marco implica el establecimiento de una base homogénea de condiciones técnicas y económicas para la colaboración con las agencias, lo que supone el conjunto de reglas básicas comunes que priman la eficiencia y eficacia en la inserción laboral, a las que se deberán ajustar los contratos que, sobre esta base, realicen los Servicios Públicos de Empleo.

Tres son los elementos destacados del diseño del modelo de colaboración público-privada en intermediación laboral:

• Eficiencia en la selección de las agencias, dotando de un peso importante (60%) a la oferta de precio que para cada uno de los colectivos identificados proponga la agencia de colocación.
• Se primará la eficacia en los servicios prestados con retribuciones basadas en resultados, medidos en términos de empleo mantenido en el tiempo (mínimo de 6 meses, con incentivos adicionales por duraciones superiores).
• Primacía de la evaluación y el seguimiento, para identificar posibles vías de mejora de los servicios de intermediación.

El esquema concreto y las cuantías se determinarán en los  contratos específicos, permitiendo así un margen de flexibilidad en atención a las circunstancias especiales de los colectivos, sectores o territorios donde se realicen.

Se prevé destinar a la contratación basada en el Acuerdo Marco un total de 200 millones de euros durante su duración (2 años, prorrogables hasta otros dos) para el conjunto de contratos celebrados por los Servicios Públicos. En cualquier caso, el Acuerdo Marco como tal no comporta compromiso de gasto, que se derivará de los propios contratos.

 

14 Comunidades Autónomas

Este Acuerdo Marco cuenta con el respaldo de las comunidades autónomas, catorce de las cuales han formalizado su voluntad de participación, mediante la firma de los correspondientes convenios, tal y como se puso de manifiesto en la pasada Conferencia Sectorial del 24 de julio. Estas comunidades son Aragón, Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Comunitat Valenciana y la Comunidad Foral de Navarra.