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Constitución y mujer: 40 años de progreso

La Carta Magna aprobada hace cuarenta años marcó un antes y un después para toda la ciudadanía española, sobre todo para las mujeres, pero aún más si cabe para las emigrantes, un colectivo especialmente vulnerable

 Mujer en la emigracion

La mujer en la emigración ha suscitado multitud de estudios e investigaciones

La Constitución Española vino a sustituir al obsoleto texto de “Leyes Fundamentales del Reino”, dando por finalizada la etapa de la dictadura franquista. Se iniciaba así una nueva era para los españoles bajo una norma renovada, más justa y adecuada a la situación histórica.

Uno de los progresos sociales más importantes en todo este tiempo es, sin duda, el papel de la mujer, tanto en la igualdad real como en la legal, sobre todo teniendo en cuenta que el referente en cuanto al modelo de mujer de la época anterior estaba marcado por el ideario paternalista y machista de la ‘Sección Femenina’. Gracias a la Constitución se han ido desarrollando los derechos fundamentales y otros principios que han iniciado una línea de equiparación legal de los derechos de hombres y mujeres.

MUJERES Y EMIGRANTES

La situación de las mujeres españolas con la Constitución de 1978 ha experimentado cambios sustanciales, impensables en la dictadura. Durante la transición política en España, los movimientos asociativos de mujeres demandaban una igualdad de derechos con los hombres, desde el plano teórico hasta el práctico, que urgía a la modificación del ordenamiento jurídico en todos sus aspectos: laboral, penal y civil. Y aunque no hubo ningún precepto concreto que tuviera en cuenta las aspiraciones de estos colectivos, sí que se sentaron sus bases. Así, el marco constitucional ha favorecido que se pueda avanzar en un proceso de creación normativa que permite concluir que actualmente no existe, desde un punto de vista legislativo, discriminación alguna de los derechos de la mujer.

También ha sido así para las mujeres emigrantes, pues los avances sociales y legales les ofrecieron nuevas expectativas que, si bien muchas no llegaron a disfrutar plenamente por tener su residencia fuera de España, supusieron una mejora en sus condiciones de vida y, ante todo, una mejora social y de respeto hacia sus derechos. Hablar de la Constitución y las mujeres emigrantes supone extender a este colectivo todos los avances y mejoras que aportó la Carta Magna, ya que, por el hecho de ser españolas, también se encuentran sujetas a este ordenamiento.

Las mujeres emigrantes siempre han tenido muy presente, y así lo han puesto en conocimiento de las distintas Administraciones Públicas, la doble carga que han arrastrado, porque, además de las discriminaciones que soportan todas las mujeres por el mero hecho de serlo, tuvieron que padecer aquellas intrínsecas a su condición de emigrantes.

EN LA ETAPA PRECONSTITUCIONAL

Podemos recordar algunos casos peculiares del mundo de la emigración relacionados con las mujeres, cuando se empezó a reconocer que la migración masculina (sobre todo si el número de desplazados era elevado) desestabilizaba los colectivos de población. Así, fueron protagonistas de las expediciones a países tan lejanos como Australia. Entre 1958 y 1963 más de 7.000 españoles se trasladaron a las antípodas buscando un futuro mejor que el que les ofrecía una España saliente de la posguerra. En su mayoría se trató de hombres hasta 1962, cuando se desarrolló el ‘Plan Marta’, una iniciativa de las autoridades migratorias, que consideraron oportuno enviar a jóvenes españolas para facilitar la integración de este grupo de migrantes en tan lejano país. La mayoría trabajó como sirvienta para familias adineradas y experimentó ciertos prejuicios, al ser consideradas inferiores por no ser anglosajonas.

Otro caso de mujeres españolas migrantes fue el de las desplazadas a Francia para participar en la vendimia. Al ser un país fronterizo, siempre ha contado con los viajes de españoles buscando trabajo, llegando a participar en la década de 1970 hasta 60.000 españoles en muchas de las campañas agrícolas. Las vendimiadoras se trasladaban con toda su familia, incluidos los niños pequeños, de los que se debían seguir ocupando. Su trabajo era el mismo que el de los hombres, pero al regresar a los alojamientos además debían cocinar y realizar el resto de las labores de la casa y la familia.

Esto en cuanto a la llamada “emigración asistida”, porque no fueron pocas las novias, esposas o hermanas y otras mujeres cercanas que siguieron por sus propios medios a sus familiares varones que ya se habían establecido en los países de emigración, como Brasil, Argentina y Uruguay.

Por otra parte, no podemos olvidar que, hasta diciembre de 1978 con la aprobación de la Constitución, las mujeres no podían abandonar el país libremente. Al no tener sus derechos equiparados a los del hombre, precisaban de un permiso del varón responsable (padre, esposo o tutor) para poder emigrar. En esa época lo necesitaban prácticamente para cualquier acción cotidiana: abrir una cuenta en una entidad bancaria, hospedarse en un hotel e incluso acceder o permanecer en un puesto de trabajo. Con el nuevo ordenamiento, empezaron a vislumbrar la libertad de movimientos.

PROGRESO Y POLITICA

En los últimos 40 años la situación ha cambiado mucho, tanto en los aspectos relativos a la “independencia” legal de las mujeres, como en el avance en el tema de sus derechos sociales o de participación a nivel político o institucional.

Históricamente la mujer se ha visto lastrada por una realidad que ha mermado sistemáticamente su capacidad para el disfrute de muchos derechos y libertades integradas en los textos constitucionales. Aunque cabe recordar que, a lo largo de estos cuarenta años, la aplicación judicial de las normas ha producido una importante evolución en materia de igualdad de género.

La Constitución de 1978 marcó un gran cambio para las mujeres, aunque no participaron demasiado en su elaboración. De hecho, los diputados y senadores que aprobaron el proyecto que salió de la Comisión Paritaria Mixta, eran hombres en un 92%, frente al 8% de mujeres. Desde entonces el progreso se ha hecho más que evidente.

Las mujeres han conquistado sus espacios en la política nacional, siendo una de las pioneras en el Gobierno Soledad Becerril, ministra de Cultura en 1981 y primera mujer en conseguir una cartera ministerial. A ella le han seguido otras muchas, hasta llegar al hito actual: el Gobierno recientemente formado por Pedro Sánchez con el PSOE cuenta entre sus filas con más ministras que ministros, con un total de once. También algunas Comunidades Autónomas como Madrid, Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Murcia o Navarra están o han estado presididas por mujeres y, en la actualidad, algunas de las grandes ciudades españolas como Barcelona o Madrid están regidas por alcaldesas.

Por su parte, y en lo respectivo a la organización de emigración, actualmente el órgano de representación de los emigrantes ante la Administración, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, cuenta con numerosas consejeras e incluso con una Comisión de Jóvenes y Mujeres. Asimismo, la participación de las mujeres emigrantes en los Consejos de Residentes Españoles o en las asociaciones y centros españoles en el exterior también se ha incrementado.

MUCHO CAMINADO, MUCHO POR RECORRER

Han pasado cuatro décadas en las que los cambios sociales no han dejado de sucederse, además lo han hecho acompañados de importantes reformas legislativas en algunos de los puntos clave reclamados por los colectivos de mujeres a finales de los 70: el matrimonio, el divorcio, la atención a la dependencia o la imposición de compartir las obligaciones domésticas y del cuidado de la familia (según las formulaciones del artículo 68 del código civil).

Lo más demandado en 1978 era: el derecho al aborto, que aún tardaría un tiempo en llegar, el divorcio, que durante un tiempo fue un derecho únicamente masculino y la igualdad de trato entre hijos legítimos e ilegítimos, que en cierta época generaba un gran estigma social entre las mujeres. Y aunque el Tribunal Constitucional consiguió declarar inconstitucionales numerosos preceptos sobre derechos civiles, matrimoniales, filiales o laborales, es cierto que la Constitución no ha sido retroactiva en cuanto al ejercicio de los derechos. Esto ha impedido, durante largos años, que pudieran restablecerse muchas situaciones injustas para las féminas.

La mujer, al menos mencionada directamente con esta palabra, no aparece en la Constitución más que en dos ocasiones: en el artículo 32.1 CE, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, y el artículo 57.1 CE, donde se refiere la preferencia del varón a la mujer en la sucesión del trono de la Corona. Solo podemos encontrar el término a lo largo del texto en algunas referencias funcionales como mujer-madre, mujer-esposa o mujer trabajadora.

Esto nos recuerda que, aunque en estos cuarenta años se haya hecho un gran esfuerzo por los avances de la mujer, aunque hayamos recorrido mucho camino, aunque se haya superado en gran medida la discriminación experimentada por la mujer de manera legalmente impuesta por el régimen franquista… todavía queda un largo trecho por delante.

La Constitución proclama la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico: esta ha sido la palanca durante estas cuatro décadas y sigue siendo el mejor punto de partida con el que los ciudadanos y ciudadanas podemos contar.

LA MUJER MIGRANTE

Tal y como se afirma desde el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, quizá uno de los cambios sociales más relevantes de las últimas décadas haya sido, precisamente, el de la transformación y la feminización de los flujos migratorios. En España, tanto la inmigración como la emigración están profundamente marcadas por la búsqueda de mejora profesional, se trata de migraciones económicas.

Esto ha hecho que las mujeres, tras la partida de su país natal, vean cómo aumenta su exposición al riesgo de exclusión social. Tanto las que vienen como las que se van, se enfrentan a un triple reto: la precariedad económica, el propio hecho de ser mujer y el racismo o la xenofobia en el país de acogida.

Hoy por hoy, más de 2,4 millones de españoles residen de manera habitual fuera de España, siendo un 33% nacidos en España y un 67% extranjeros nacionalizados. La cifra ha subido aproximadamente un 25% desde 2009, año marcado por la crisis económica que impulsó a muchas personas a la búsqueda de oportunidades en otros países.

Del total de nuestros migrantes, según el Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad son mujeres. De hecho, en Europa y América el número de mujeres españolas emigrantes supera al de hombres y solo está ligeramente por debajo en África, Asia y Oceanía. Esto podría deberse a que, salvo nuestras antípodas, en los otros dos continentes, la situación legal y social de las mujeres difiere mucho del resto de destinos.

Esther Ortega

 

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